La ordenación del espacio marino en España ha sido objeto de debate y controversia en los últimos años, con diferentes sectores interesados luchando por defender sus intereses. El fallo reciente del Tribunal Supremo (TS) que avala el decreto por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas ha reavivado este debate.
La Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinos se reunirá este lunes, 22 de julio, en Burela (Lugo) para analizar las implicaciones de esta decisión judicial y estudiar si presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). Esta plataforma, que representa los intereses del sector pesquero, ha denunciado la «inseguridad jurídica» y el «grave defecto» de que el TS no haya admitido informes del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y del Ministerio de Pesca como pruebas.
EL FALLO DEL TRIBUNAL SUPREMO: PRIORIZAR LA EÓLICA MARINA
El Tribunal Supremo desestimó los argumentos de la Plataforma, concluyendo que el planificador, en el ejercicio de su discrecionalidad, no ha olvidado la presencia de la actividad pesquera ni su interacción con la energía eólica marina. Los magistrados afirman que los planes recurridos han tomado en consideración una «copiosa información atinente a la actividad pesquera» y que obligan a tener en cuenta en «todo momento» la actividad pesquera desarrollada en las zonas seleccionadas para la energía eólica.
Sin embargo, la Plataforma denuncia que el decreto presenta un «sesgo evidente» al priorizar la implantación de la energía eólica marina en «detrimento» del sector pesquero, ignorando «conscientemente la existencia de zonas de pesca preexistentes». Según la plataforma, esta priorización de la eólica marina genera «inseguridad jurídica» para el sector pesquero.
El Tribunal Supremo, por su parte, destaca que durante el proceso de consulta pública de la evaluación ambiental estratégica del Real Decreto se avanzó en el análisis de las interacciones entre los polígonos de energía eólica marina y la actividad pesquera. Incluso se modificó la superficie de los polígonos para la eólica marina, reduciendo su potencial impacto sobre la pesca, y se tomó la decisión de no incluir la energía eólica en las zonas de uso prioritario (ZUP), sino en las zonas de alto potencial (ZAP).
LA PERSPECTIVA DE LA PLATAFORMA: DEFENSA DE LA PESCA Y LOS ECOSISTEMAS
La Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinos sostiene que el decreto presenta un «sesgo evidente» al priorizar la energía eólica marina en detrimento del sector pesquero. Según la plataforma, esta decisión ignora «conscientemente la existencia de zonas de pesca preexistentes», generando «inseguridad jurídica» para los pescadores.
La plataforma argumenta que el Tribunal Supremo no ha admitido informes del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y del Ministerio de Pesca como pruebas, lo que consideran un «grave defecto» en el proceso. Estos informes, según la plataforma, habrían aportado información relevante sobre el impacto de la eólica marina en los ecosistemas marinos y la actividad pesquera.
La Plataforma también critica que el Tribunal Supremo haya afirmado que la Plataforma se ha limitado a «expresar su mera discrepancia subjetiva» sin «rebatir fundadamente» las decisiones tomadas. La plataforma considera que ha presentado argumentos sólidos para defender los intereses del sector pesquero y la preservación de los ecosistemas marinos.
EL EQUILIBRIO ENTRE INTERESES CONTRAPUESTOS
El fallo del Tribunal Supremo pone de manifiesto la complejidad y los desafíos inherentes a la ordenación del espacio marítimo en España. Por un lado, el Tribunal destaca que las decisiones adoptadas en relación con la actividad pesquera y la eólica marina parten de un «complejo proceso de consulta y negociación entre los distintos sectores afectados, con intereses contrapuestos».
En este sentido, el Tribunal Supremo reconoce que las decisiones han sido tomadas «razonadamente, teniendo a la vista las necesidades de todos y cada uno de los sectores afectados, sobre la base de una copiosa información técnica y científica, accesible al público».
Sin embargo, la Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinos considera que este equilibrio no se ha logrado, al priorizar la expansión de la energía eólica marina en detrimento de la actividad pesquera y la preservación de los ecosistemas marinos. La plataforma sostiene que esta decisión genera «inseguridad jurídica» y pone en riesgo los intereses del sector pesquero, así como la salud de los ecosistemas marinos.
En resumen, el fallo del Tribunal Supremo ha reavivado el debate sobre la ordenación del espacio marino en España. Mientras que el Tribunal considera que se ha logrado un equilibrio entre los diferentes intereses, la Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinos cuestiona esta valoración y se plantea recurrir la decisión ante el Tribunal Constitucional. Este conflicto pone de manifiesto la necesidad de encontrar soluciones que integren de manera equitativa y sostenible los distintos usos y actividades en el entorno marino.
