La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), convocada para este lunes, se perfila como una oportunidad clave para que el Gobierno regional de Murcia exponga su posición y reclame la tan necesaria reforma del sistema de financiación autonómica.
Sin embargo, el presidente Fernando López Miras se muestra escéptico ante la posibilidad de que su solicitud sea atendida, pues teme que, una vez más, el Ejecutivo central preste mayor atención a las demandas de los independentistas catalanes.
LA DESIGUALDAD ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El actual sistema de financiación, en vigor desde 2013, ha sido duramente criticado por el Gobierno regional murciano, que lo considera «caducado» y «injusto» al tratar a los ciudadanos de Murcia como «españoles de segunda». Según López Miras, este modelo conlleva que Murcia reciba uno de los menores presupuestos del país en áreas clave como sanidad, educación y políticas sociales, lo que genera una clara desigualdad respecto a otras comunidades autónomas.
A pesar de esta situación, el Ejecutivo murciano no tiene «ninguna esperanza» de que el Gobierno central escuche sus reivindicaciones y acometa la urgente reforma del sistema de financiación. Por el contrario, López Miras teme que el Ejecutivo preste más atención a las propuestas «a la carta y singulares» de los territorios independentistas, lo que acentuaría aún más las disparidades entre autonomías.
UNA OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL
Pese a este pesimismo, el presidente de la Región de Murcia ha dejado claro que su Gobierno no cejará en su empeño por garantizar la igualdad de todos los españoles y exigir al Ejecutivo central que cumpla con esta obligación. En este sentido, ha recordado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reúne de forma «ordinaria y regular» cada mes de julio, pero ha lamentado que en esta ocasión «no se va a abordar lo urgente para este país, que es la reforma del sistema de financiación».
López Miras sostiene que el actual modelo, «caducado desde 2013», genera una grave injusticia al privar a Murcia de los recursos necesarios para atender adecuadamente los servicios públicos esenciales. Por ello, ha insistido en que el Gobierno central tiene la obligación de impulsar una reforma que ponga fin a esta situación de desequilibrio entre comunidades autónomas.
En definitiva, el Ejecutivo murciano se ha erigido en un firme defensor de la igualdad entre todos los españoles, exigiendo al Gobierno central que aborde de forma prioritaria y sin más demoras la urgente reforma del sistema de financiación autonómica.
