En una decisión estratégica para brindar mayor estabilidad y protección a las familias españolas, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado su intención de prorrogar hasta el año 2025 el Código de Buenas Prácticas Hipotecarias. Esta medida, inicialmente vigente hasta 2024, tiene como objetivo respaldar a las clases medias que se enfrentan a los desafíos planteados por el rápido aumento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) y las perspectivas de un deterioro de la situación económica.
Cuerpo ha destacado que, hasta el momento, el uso de estos códigos ha sido «marginal», lo que considera una «buena noticia» ante la fortaleza de la situación financiera de los hogares españoles. Sin embargo, el ministro ha manifestado la necesidad de analizar la posibilidad de ampliar el umbral de renta para que más familias puedan acogerse a este «escudo» que les brinda protección.
EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS HIPOTECARIAS Y SU EVOLUCIÓN
Según los datos presentados por Cuerpo, hasta mayo se habían recibido 79.300 solicitudes de adhesión a los códigos, de las cuales se habían analizado entre el 14 y el 15% de las mismas, con un total de 11.600 operaciones realizadas. Esto demuestra que, si bien el uso de estos códigos ha sido limitado hasta el momento, el Gobierno está trabajando para fomentar una mayor adopción y así brindar un mayor respaldo a las familias en situación de vulnerabilidad.
Además, el ministro ha resaltado la reversión del ciclo de tipos oficiales de interés, lo cual se traducirá en un ahorro anual de aproximadamente 400 euros por hogar como consecuencia de la caída del Euríbor. No obstante, Cuerpo ha reconocido que esta disminución de los tipos de interés está siendo «más lenta» de lo previsto, lo que ha llevado a la consideración de prorrogar el «escudo» hasta 2025 para garantizar una mayor protección a las familias.
LA INCLUSIÓN FINANCIERA COMO PRIORIDAD
Más allá del Código de Buenas Prácticas Hipotecarias, Cuerpo ha destacado los avances en materia de inclusión financiera, tanto en áreas rurales como en zonas urbanas. Según sus datos, el 80% de las sucursales bancarias tienen un horario ampliado, una cifra que se eleva al 88% en el mundo rural, beneficiando a 6,5 millones de clientes.
Asimismo, el ministro ha señalado que más del 90% de los cajeros automáticos han sido adaptados y que 660.000 personas mayores han recibido formación en el ámbito financiero y digital, lo que ha permitido, por ejemplo, un aumento en el uso de Bizum entre este colectivo.
Para continuar fortaleciendo la inclusión financiera, Cuerpo ha anunciado un acuerdo con todas las partes involucradas para poner en marcha una encuesta específica sobre este tema, la cual se incluirá como un nuevo módulo en la encuesta del CIS. Esta iniciativa permitirá evaluar los cambios en las necesidades de los españoles en materia de inclusión financiera.
EL RETO DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN LAS CIUDADES
Finalmente, Cuerpo ha abordado la cuestión de la distribución de oficinas y acceso a los servicios financieros en los barrios de las ciudades. Según el análisis inicial realizado por su ministerio, se ha detectado un «cierto sesgo» en la ubicación de las sucursales bancarias, con una tendencia a concentrarse en los barrios de mayor renta, donde las entidades pueden obtener más negocios y rentabilidad.
Sin embargo, el ministro ha resaltado la importancia de asegurar que el servicio financiero personalizado se mantenga en los barrios de menor renta, donde también se encuentra una mayor presencia de personas mayores de 65 años. Cuerpo se ha comprometido a continuar trabajando en colaboración con las entidades bancarias y el Banco de España para abordar este desafío y garantizar una inclusión financiera integral en todo el territorio español.
En resumen, la decisión del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de prorrogar el Código de Buenas Prácticas Hipotecarias hasta 2025 y los avances en materia de inclusión financiera, tanto en áreas rurales como urbanas, demuestran el compromiso del Gobierno por brindar una mayor estabilidad y protección a las familias españolas en un contexto económico desafiante.
Estas medidas, junto con la colaboración de los diversos actores involucrados, serán clave para fomentar una inclusión financiera integral y garantizar el acceso equitativo a los servicios bancarios en todo el país.
