La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha advertido que la Administración española «solo reacciona a golpe de situaciones de desbordamiento» en los dispositivos de atención a migrantes. El director general de CEAR, Mauricio Valiente, lamenta que no se han tomado medidas a largo plazo para hacer frente a esta realidad estructural.
Valiente destaca que la reforma de la Ley de Extranjería es «necesaria» ante la situación actual, la cual requiere de un «mecanismo de solidaridad y de redistribución en el conjunto de las comunidades autónomas». Uno de los principales desafíos es la llegada de 6.000 migrantes menores no acompañados a Canarias, una crisis que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del gobierno y las autonomías.
Sin embargo, los esfuerzos para reformar la ley han encontrado obstáculos. En la reciente Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, las autonomías del Partido Popular argumentaron que no habían tenido «tiempo suficiente» para estudiar el texto, y expusieron que no tenían competencias y que la reforma debe votarse en el Congreso.
Valiente se muestra «muy pesimista» sobre la reacción observada tanto en los medios como en la propia conferencia, la cual, a su juicio, dio «un paso atrás en la necesidad de llegar a un acuerdo amplio y generoso».
La Respuesta Gubernamental y la Atención a Migrantes
Ante la crisis migratoria, Valiente subraya que «atender a estas personas es un esfuerzo por parte del Estado, por parte de las comunidades autónomas, por parte de la sociedad», y que es «perfectamente asumido en una sociedad solidaria y democrática» como la española.
Recuerda que, en 2022, cuando se produjo una situación de sobreocupación en el puerto de Arguineguín (Gran Canaria), «se vio cómo era perfectamente posible un sistema que derivara al conjunto de la Península y que hiciera que a las personas se les pudiera atender, no en las condiciones óptimas, pero por lo menos evitando situaciones extremas y dramáticas».
Sin embargo, Valiente también señala problemas en la respuesta del Gobierno. Por ejemplo, en octubre de 2022, ONG y organizaciones policiales denunciaron la «sobreocupación» de la sala destinada a procedimientos de asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tras la llegada de vuelos procedentes de países africanos.
Valiente celebra que «afortunadamente, aunque tarde, se reaccionó por parte del Gobierno» y se dotaron nuevos espacios, pero insiste en que es necesario seguir mejorando los dispositivos para atender este tipo de situaciones.
El Reto de las Solicitudes de Asilo
Además de los problemas en la atención a los migrantes, Valiente destaca la existencia de una «enorme bolsa de personas» que están en España y aún no han podido formalizar sus peticiones de asilo.
Para solucionar esta situación, considera que sería necesario incrementar el número de citas disponibles y de funcionarios encargados de registrar estas solicitudes. Según CEAR, en 2023 se registraron 163.220 solicitudes de asilo, un 37% más que en 2022, y Valiente advierte que probablemente esta cifra se supere en 2024.
El director general de CEAR insiste en que no se trata de una situación coyuntural, sino de una «realidad estructural que solo puede ser atajada con medidas a largo plazo, con mayor dotación de recursos humanos y financieros» para poder atender estas peticiones. Además, advierte que este año se conocerá el plan de aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, y que España deberá decidir si se suma a «esa concepción de la Europa fortaleza» o encabeza «una reacción en la Unión Europea.
En resumen, la crisis migratoria en España ha puesto de manifiesto la necesidad de una reforma estructural de la Ley de Extranjería, una mejor coordinación entre las administraciones y un aumento de los recursos destinados a la atención de migrantes y solicitantes de asilo. El reto es abordar esta realidad de manera integral y a largo plazo, evitando respuestas reactivas ante situaciones de desbordamiento.
