El exdiputado Juan Pedro Yllanes relata cómo, durante su etapa como magistrado en activo de la Audiencia Provincial, fue objeto de al menos 29 investigaciones y pesquisas por parte de la «policía patriótica». Llama poderosamente la atención que las tres primeras de estas acciones tuvieran lugar cuando se supo que Yllanes presidiría el Tribunal del caso Nóos. Esta coincidencia sugiere que el objetivo de estos espionajes era debilitar su posición y menoscabar su imagen de cara a un proceso judicial de gran relevancia política.
La entrada de Podemos en el panorama político español en 2016 supuso un terremoto en el establecido sistema de bipartidismo. La amenaza que representaba este nuevo partido para el «status quo» de la política española hizo temblar a quienes ocupaban las esferas de poder. Esta inquietud se tradujo, según las revelaciones, en un intento sistemático de espionaje y vigilancia de los diputados de Podemos, utilizando para ello los recursos y los entresijos del Estado.
El Abuso de Poder y la Degradación Democrática
Yllanes califica estos hechos como «poner las cloacas del Estado al servicio de la política como arma para combatir al adversario», lo cual «dice muy poco en favor de la calidad democrática» del Gobierno de Mariano Rajoy en aquel entonces. Utilizar los recursos públicos y los cuerpos de seguridad del Estado con fines partidistas y de acoso político es una práctica reprobable que atenta directamente contra los principios de un Estado de Derecho.
Más allá de las investigaciones fallidas, el verdadero daño causado radica en la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones y en la credibilidad de la clase política. Cuando los ciudadanos ven que sus representantes abusan del poder y desvían los recursos del Estado para atacar a sus oponentes, se genera un clima de desencanto y desafección hacia la democracia.
La Búsqueda de Justicia y Reparación
Ante estas revelaciones, algunos de los diputados afectados están valorando la posibilidad de emprender acciones legales de forma colectiva o personándose como perjudicados en la causa abierta. Esta respuesta legal podría servir no solo para exigir responsabilidades, sino también para restablecer la confianza en un sistema que ha sido seriamente socavado por estos abusos de poder.
La transparencia y la rendición de cuentas deben ser pilares fundamentales de una democracia sólida y resiliente. Solo así se podrá evitar que estos episodios lamentables vuelvan a repetirse y se pueda recuperar la integridad de las instituciones ante los ojos de la ciudadanía.
