En una victoria contundente para la Junta de Castilla y León, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de la comunidad autónoma en su recurso contra el Gobierno central por la adjudicación de subvenciones europeas. La sentencia, dictada el 1 de julio, declara ilegal el procedimiento utilizado por el Ejecutivo nacional para otorgar estos fondos, lo que dejó a Castilla y León fuera del reparto.
La Junta de Castilla y León interpuso el recurso contencioso-administrativo después de que su proyecto presentado para acceder a las subvenciones, valorado de forma igual a otros que sí fueron beneficiarios, fuera excluido. Según el comunicado de la Administración autonómica, el Tribunal Supremo ha considerado que esta exclusión fue «arbitraria» y que el procedimiento de concesión directa de las ayudas, sin convocatoria pública, carecía de la debida motivación.
La Sentencia del Tribunal Supremo
El fallo del alto tribunal estima los argumentos presentados por los servicios jurídicos de la Consejería de la Presidencia de Castilla y León. De esta forma, se anula el Real Decreto del Gobierno central que regulaba la concesión directa de las subvenciones, por un importe total de 102 millones de euros en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.
Además, el Tribunal Supremo ha condenado al Estado a asumir las costas procesales por valor de 4.000 euros. Así, la sentencia supone un importante revés para el Ejecutivo nacional, al considerar que el proceso para la adjudicación de estas ayudas fue «injustificado» y dejó fuera de manera arbitraria a Castilla y León.
El Proyecto de Castilla y León
Las subvenciones en cuestión estaban destinadas a financiar proyectos experimentales presentados por Administraciones Públicas para avanzar en la inclusión social de personas vulnerables. Según la Junta, el proyecto presentado por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León había alcanzado la misma puntuación que el de otras cinco comunidades autónomas que sí fueron beneficiarias.
Sin embargo, la Junta fue excluida del reparto de estas ayudas, lo que consideró «injustificado» y motivó la interposición del recurso. Tras la sentencia del Tribunal Supremo, queda demostrado que Castilla y León resultó «perjudicada de forma injustificada» al no ser seleccionada para recibir estas subvenciones europeas.
