La reciente controversia entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid en torno a las declaraciones de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, sobre la detención del artista Nacho Cano, ha puesto de manifiesto una profunda diferencia de criterios sobre el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en la región. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha calificado las palabras de Ayuso como una «irresponsabilidad institucional extrema«, argumentando que, en democracia, todos los ciudadanos, incluidos los altos cargos, deben ser tratados por igual ante la ley.
Por su parte, Ayuso ha criticado lo que considera un «ataque al adversario político a través de las herramientas del Estado«, acusando a las autoridades de intentar «desacreditar a un artista como forma de censura«. Estas declaraciones han sido interpretadas por el Gobierno central como un intento de poner en duda la labor y la profesionalidad de las FCSE, algo que Martín ha exigido que la presidenta autonómica corrija de forma inmediata.
LA EXIGENCIA DE IGUALDAD ANTE LA LEY
El delegado del Gobierno en Madrid ha sido claro en su posición: todos los ciudadanos, sin excepción, deben ser tratados de manera igualitaria por la justicia. Según Martín, el hecho de que las investigaciones afecten a personas del entorno de Ayuso no debe implicar «impunidad» ni «descrédito de un artista» como forma de «censura«. El representante del Gobierno central ha insistido en que la presidenta autonómica debe «pedir disculpas a la Policía Nacional» y dejar de «sembrar dudas sobre la labor de las FCSE» en la región.
Martín ha subrayado la necesidad de que la Comunidad de Madrid «esté a la altura de sus responsabilidades» y «se ponga a remar a favor del cumplimiento de la ley» y en apoyo de las instituciones y las FCSE. Según el delegado, el papel de las fuerzas de seguridad es fundamental para garantizar la «democracia y la libertad» en el país, por lo que cualquier intento de «desacreditarlas» sería inaceptable.
LA POSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido su postura, argumentando que las acciones del Gobierno central contra su entorno constituyen un «ataque al adversario político a través de las herramientas del Estado». Ayuso ha acusado a las autoridades de intentar «desacreditar a un artista como forma de censura», lo que, según ella, «solo es propio de los países que lo han perdido todo, empezando por la libertad».
La líder autonómica ha criticado duramente lo que considera un intento de «sembrar dudas acerca de la labor de las FCSE» por el simple hecho de que se realicen investigaciones que afecten a su entorno. Ayuso ha insistido en que su entorno debe ser tratado igual que el de cualquier otro ciudadano, y ha reclamado que se respete el principio de igualdad ante la ley.
Sin embargo, el delegado del Gobierno en Madrid ha exigido a Ayuso que rectifique sus declaraciones y se ponga del lado del cumplimiento de la ley y el apoyo a las instituciones y a las FCSE. Martín ha subrayado que, en democracia, todos los ciudadanos, incluidos los altos cargos, deben ser tratados por igual, sin excepciones ni privilegios.
En resumen, la disputa entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid evidencia una profunda diferencia de criterios sobre el papel de las FCSE y el principio de igualdad ante la ley. Mientras que el delegado del Gobierno exige que se respete la labor de las fuerzas de seguridad y se garantice el tratamiento igualitario de todos los ciudadanos, la presidenta autonómica acusa al Ejecutivo de utilizar «las herramientas del Estado» para atacar a su adversario político. Esta confrontación refleja la complejidad y la tensión que envuelven la relación entre las diferentes administraciones en nuestro país.
