La Generalitat ha anunciado que recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de suspender cautelarmente el decreto que regula el régimen lingüístico del sistema educativo no universitario. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha defendido la legalidad y el rigor con el que se elaboró este decreto, que sitúa al catalán como lengua vehicular.
En una rueda de prensa, Plaja ha explicado que los servicios jurídicos de la Generalitat trabajan para presentar «un recurso de reposición contra el posicionamiento del TSJC». Según ella, el decreto ley es «jurídicamente impecable» y se ha elaborado con el objetivo de fijar criterios estrictamente educativos, garantizando la protección jurídica a los centros y a sus equipos educativos.
LA DEFENSA DEL DECRETO LINGÜÍSTICO
La portavoz del Govern ha asegurado que el decreto ha priorizado «en todo momento» el establecimiento de estos criterios educativos para que los centros puedan elaborar sus propios proyectos lingüísticos. Plaja ha subrayado que van a «combatirlo hasta el final, con convencimiento y determinación», a la espera de que también se posicione el Tribunal Constitucional (TC).
Cabe destacar que la Generalitat aprobó este decreto del régimen lingüístico del sistema educativo en mayo de este año. Sin embargo, el TSJC decidió suspenderlo cautelarmente el pasado viernes, tras estimar el recurso presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe.
LA POSICIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
La decisión del TSJC de suspender el decreto lingüístico educativo ha generado una notable reacción de la Generalitat, que ahora se encuentra inmersa en el proceso de presentar un recurso de reposición. Según Plaja, no existe ninguna «brecha de inconstitucionalidad» en el decreto, por lo que confían en que el TC respalde la posición del Govern.
Este conflicto en torno al uso de las lenguas en la educación en Cataluña se enmarca en un debate más amplio sobre la política lingüística de la región. Mientras el Govern defiende el catalán como lengua vehicular, sectores más bilingüistas han cuestionado esta medida, argumentando que podría limitar el acceso al español en las aulas.
EL IMPACTO EN EL SISTEMA EDUCATIVO
La suspensión cautelar del decreto lingüístico educativo por parte del TSJC genera incertidumbre sobre su aplicación en los centros escolares de Cataluña. Esto podría provocar desajustes en la organización de los proyectos lingüísticos y en el desarrollo de las actividades docentes.
Ante esta situación, la Generalitat ha reafirmado su compromiso con el decreto y su intención de defenderlo hasta el final. La portavoz Plaja ha insistido en que este texto normativo se elaboró con rigor y legalidad, buscando garantizar una educación de calidad en catalán.
El desenlace de este conflicto tendrá implicaciones significativas para el sistema educativo catalán, especialmente en lo que respecta al rol del catalán como lengua de instrucción. Tanto el Govern como los sectores contrarios a la medida mantendrán sus posiciones, lo que augura un debate prolongado y polarizado en torno a esta cuestión.
