El Gobierno español ha dado un paso decisivo en su lucha por conseguir una reparación justa y efectiva para las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica. Tras una reunión entre el ministro Félix Bolaños y las asociaciones de víctimas, el Ejecutivo ha dejado claro que no aceptará bajo ninguna circunstancia el sistema unilateral propuesto por la Conferencia Episcopal Española (CEE).
La CEE pretendía establecer un plan de reparación «no vinculante» y sin la participación de las víctimas, algo que el Gobierno ha rechazado tajantemente. Bolaños ha subrayado que el Gobierno está del lado de las víctimas y exigirá a la Iglesia un sistema de reparación «obligatorio, efectivo» y que garantice su involucración.
La Búsqueda de un Acuerdo Junto a la Iglesia
En los últimos meses, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha estado en contacto con la CEE para negociar un sistema de reparación que cumpla con las recomendaciones establecidas en el Informe del Defensor del Pueblo. Dicho informe plantea la creación de un órgano mixto entre Iglesia y Estado para abordar estos casos.
Sin embargo, el plan propuesto por los obispos no cuenta con la presencia de las víctimas, no es obligatorio para las diócesis y sus resoluciones carecen de carácter vinculante, lo que no garantiza en ningún momento una reparación adecuada. Ante esta situación, el Gobierno ha dejado claro que no aceptará un sistema unilateral y exigirá que el proceso cuente con la participación y aprobación de las víctimas.
Las Exigencias del Gobierno para un Sistema de Reparación Efectivo
Para el Gobierno, el sistema de reparación debe generar un «entorno seguro y de confianza» para que las víctimas puedan plantear sus casos. Además, debe estar integrado por profesionales independientes, actuar con criterios transparentes y compensar adecuadamente a quienes sufrieron abusos a manos de la Iglesia.
El Ejecutivo mantiene su apuesta por cumplir fielmente con las recomendaciones del Informe del Defensor del Pueblo, que fueron asumidas formalmente a través de un plan de implementación aprobado por el Consejo de Ministros en abril de 2024. En este sentido, Bolaños ha informado a las víctimas de las gestiones realizadas ante la CEE y de cómo se ha defendido esta postura tanto en reuniones como en diversas misivas al presidente de la institución.
En definitiva, el Gobierno se mantiene firme en su compromiso de lograr una reparación justa y efectiva para las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, exigiendo a la Conferencia Episcopal Española un sistema que cumpla con las recomendaciones del Defensor del Pueblo y cuente con la participación y aprobación de quienes sufrieron estos horrendos delitos.
