La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzga hoy viernes, desde las 10:00 horas, a un padre acusado de violar a su hija y a dos amigas de ésta, todas menores de edad, en Palma. La Fiscalía solicita una pena de 23 años de cárcel por cuatro delitos.
Los delitos sexuales y el procedimiento judicial
El fiscal sostiene que el acusado aprovechaba los momentos en los que se quedaba a solas con su hija para agredirla sexualmente desde que la menor tenía 14 años y comenzó a vivir con él a principios de 2019. Según la acusación, cuando la menor cumplió 15 años, habría sido obligada a mantener relaciones sexuales con la excusa de que su mujer no quería hacerlo, situaciones que, según el Ministerio Público, se producían "prácticamente a diario".
Los detalles de las violaciones repetidas
Según la Fiscalía, el acusado llevaba a su hija a diferentes hoteles de la isla para cometer las violaciones y los abusos continuaron incluso después de que la víctima cumpliera la mayoría de edad. Estos abusos no cesaron hasta que la joven se mudó a vivir con sus abuelos maternos en el verano de 2023.
El Ministerio Público también imputa al hombre intentos de abuso contra dos amigas de su hija, de 15 y 14 años respectivamente. En un caso, el acusado habría intentado manosear a una amiga mientras veían una película en el salón de su casa y en otro, habría intentado tocar a otra amiga cuando ella se levantó para ir a la cocina, logrando tocarle un pecho cuando ella se marchaba.
Las consecuencias legales y compensaciones económicas
Además de la pena de cárcel de 23 años, el fiscal solicita que se retire al acusado la patria potestad sobre sus hijos menores por un periodo de diez años superior a la pena impuesta. También exige que el hombre indemnice a las dos amigas de su hija con 8.000 euros a cada una y a su hija con la cantidad que se determine en el juicio.
Estos casos de abusos y violaciones a menores de edad subrayan la importancia de la protección a la infancia y la necesidad de mecanismos legales eficaces que permitan detectar y denunciar este tipo de crímenes a tiempo. Las autoridades deben garantizar que los menores se encuentren en ambientes seguros, tanto en el ámbito familiar como en otros contextos sociales.
La posición del Ministerio Fiscal
El Ministerio Público ha enfocado la acusación desde una perspectiva de máxima gravedad, destacando la frecuencia y el carácter continuado de las violaciones y abusos. La Fiscalía busca no solo una sentencia justa para las víctimas, sino también una medida ejemplarizante que sirva como precedente en casos similares de delitos sexuales contra menores.
El juicio ha captado la atención mediática y social, no solo por la gravedad de los delitos, sino también por la vulnerabilidad de las víctimas y la confianza traicionada. Este tipo de crímenes despreciables generan un fuerte rechazo en la opinión pública, que demanda justicia rápida y efectiva.
Las medidas preventivas y responsabilidades familiares
Este caso pone de manifiesto la necesidad de implementar medidas preventivas más efectivas y reforzar la responsabilidad familiar. Es crucial educar tanto a los menores como a los adultos en temas de prevención de abusos, promoviendo la detección temprana de conductas sospechosas y facilitando canales de denuncia accesibles y confiables.
