El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha expresado su profunda crítica hacia la investigación que se lleva a cabo en relación a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Marlaska considera que la investigación no se ajusta a los principios del debido proceso penal y que la misma está causando indefensión a la señora Gómez.
En una serie de entrevistas concedidas a medios de comunicación, Marlaska ha argumentado que la investigación se basa en una "investigación prospectiva ajena a los principios de un procedimiento penal", ya que no se investiga sobre hechos concretos y definidos, sino que se busca una "investigación integral, completa, de la actuación profesional de la señora Gómez desde que su marido accede a la Presidencia del Gobierno". Esta línea de investigación, según el ministro, constituye una violación a los principios básicos de un procedimiento judicial justo y, por lo tanto, coloca la investigación "extramuros" de lo que debe ser un proceso legal.
Una Investigación Sin Sustento: La Denuncia de Manos Limpias y la Falta de Hechos Concretos
Marlaska ha calificado la citación de Begoña Gómez y la investigación a raíz de una denuncia de Manos Limpias como "algo completamente ajeno a lo que debe de ser una resolución judicial". El ministro considera que la investigación se basa en una denuncia sin fundamentos sólidos, carente de hechos concretos y basados en noticias periodísticas sin un análisis exhaustivo.
El ministro ha expresado su preocupación por la credibilidad del sistema judicial al admitir a trámite una denuncia formalizada por un sindicato de extrema derecha, con un historial de querellas y denuncias contra muchas personas con una finalidad espuria. Marlaska argumenta que esta práctica contradice la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo.
La Indefensión de Begoña Gómez y el Detrimento de la Independencia Judicial
Marlaska sostiene que la investigación en curso causa indefensión a Begoña Gómez al investigarla sin imputarle ningún delito específico, afectando sus derechos personales. Además, el ministro ha expresado su preocupación por el daño que estas actuaciones generan a la imagen del poder judicial dentro de la sociedad.
El ministro, con más de 30 años de experiencia en la judicatura, considera que este tipo de prácticas socavan la independencia judicial, al dar la impresión de que las investigaciones no se basan en hechos probados, sino en intereses políticos o motivaciones espurias.
Marlaska ha dejado claro que no comparte las resoluciones judiciales dictadas por el titular del juzgado de instrucción 41, y ha reiterado su compromiso con el respeto a la independencia judicial. Sin embargo, ha manifestado su preocupación por la credibilidad del sistema judicial y ha expresado su esperanza de que la investigación se centre en hechos concretos y se desarrolle de forma justa y transparente.
