La Transición Energética es un proceso fundamental para lograr los objetivos de descarbonización y electrificación de nuestra economía. En este contexto, la Asociación para la Transición Energética (ATE) ha presentado una serie de propuestas clave para adaptar el marco regulatorio y financiero del sistema eléctrico español a las nuevas realidades y demandas del futuro.
Una de las principales propuestas de la ATE es la eliminación del límite de inversiones sobre el PIB establecido actualmente para las redes de distribución y transporte de electricidad. Esta medida, considerada «única» en el sistema eléctrico nacional y «poco usual» en el contexto europeo, supone un obstáculo para movilizar los recursos necesarios para modernizar y adaptar las infraestructuras eléctricas a los retos de la transición energética.
Hacia un Modelo de Inversiones Anticipadas
En lugar del actual límite de inversiones, la ATE plantea la adopción de un modelo de inversiones anticipadas, con guías a 5 y 10 años revisables anualmente. Este enfoque permitiría alinear las inversiones con la demanda proyectada y los objetivos de descarbonización, evitando cuellos de botella que puedan frenar el crecimiento de la demanda eléctrica y el desarrollo de proyectos industriales y de servicios.
Según la Comisión Europea, se requerirán alrededor de 584.000 millones de euros en inversiones para las Redes Eléctricas sólo en esta década, lo cual supone multiplicar por tres las inversiones actuales en España. Para hacer frente a esta necesidad, la ATE propone la creación de un fondo financiado a través de créditos del Plan de Recuperación de la Unión Europea, así como la colaboración público-privada para cubrir los costes de las nuevas inversiones, especialmente las anticipadas, sin impactar negativamente en las tarifas de los consumidores.
Elevación del Umbral de Inversiones
Si la eliminación del tope de inversión no fuera posible, la ATE propone elevar «significativamente» el umbral actual, ya que la estimación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de 55.920 millones de euros hasta 2030 requeriría que el límite de inversión sobre el PIB pase del 0,13% al entorno del 0,65% para la red de distribución, y del 0,065% al 0,325% para la red de transporte.
La Asociación para la Transición Energética considera que estas medidas son «esenciales» para adaptar el marco regulador a las demandas de electrificación y descarbonización, y evitar así que los cuellos de botella en las redes eléctricas puedan «estrangular» el crecimiento de la demanda eléctrica y frenar proyectos industriales y de servicios fundamentales para la transición energética de nuestro país.
