La reciente decisión judicial de aplicar la Ley de Amnistía a los 46 agentes de Policía Nacional implicados en las cargas del referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña ha sido valorada positivamente por los principales sindicatos policiales. Este acontecimiento representa no solo un «acto de justicia» para quienes defendieron la Constitución y el mandato judicial, sino también el fin de un largo «calvario procesal» que nunca debió llegar tan lejos.
Los sindicatos, sin embargo, rechazan ser «igualados» con quienes promovieron el intento de independencia de Cataluña, denunciando el «uso político» que se ha hecho de los servidores públicos. Consideran que esta amnistía no es un «acto de gracia» o un «perdón caritativo», sino más bien el reconocimiento de que las actuaciones de los agentes fueron proporcionales y ajustadas al marco legal, siempre bajo la tutela judicial.
Un Acto de Justicia para Quienes Defendieron la Constitución
El Juzgado de Barcelona ha aplicado la Ley de Amnistía a los 46 agentes imputados, entendiendo que sus actuaciones «fueron de escasa duración individual» y no se prolongaron «más allá de la propia maniobra policial de entrada y salida de los distintos colegios electorales«. Además, el juez consideró que los hechos investigados, a excepción de los delitos de lesiones, no fueron lo suficientemente graves como para excluirlos de esta medida de gracia.
Para el Sindicato Unificado de Policía (SUP), esta decisión judicial «reconoce la proporcionalidad y buen hacer» con la que actuaron los agentes durante el referéndum del 1-O, ya que «siempre y en todo momento se actuó conforme al marco legal y bajo la tutela judicial». Asimismo, el SUP lamenta que estos agentes hayan tenido que soportar «años de incertidumbre» debido al «uso político» que se hizo de ellos.
Por su parte, el Sindicato de Comisarios de Policía (CEP) considera que esta amnistía no es un «acto de gracia» sino «un punto y final a un calvario procesal que jamás debió llegar tan lejos». Según este sindicato, las actuaciones de los agentes tuvieron como objetivo «la defensa de la Constitución Española y el cumplimiento de órdenes y mandatos de jueces y fiscales».
El Rechazo a la Equiparación con los Promotores del Intento de Independencia
Los sindicatos policiales han rechazado ser «igualados» con quienes promovieron el intento de independencia de Cataluña, así como el «uso político de servidores públicos» que se ha hecho en este caso. Consideran que los agentes desplazados a Cataluña por el 1-O «fueron objeto de una campaña de acoso y difamación por parte de los sectores independentistas, que los convirtieron en chivos expiatorios de la violencia que ellos mismos generaron».
Según JUPOL, esta ley de amnistía «iguala a los policías nacionales con los promotores de un intento de golpe de Estado en Cataluña y con los responsables de actos de terrorismo callejero y graves disturbios en las calles de Cataluña». Esto es algo que rechazan de plano, pues consideran que sus actuaciones tuvieron como único objetivo «la defensa de la Constitución y el cumplimiento de órdenes y mandatos judiciales».
Desde CEP, además, han pedido al Ministerio del Interior que «ponga freno inmediato a las reiteradas cesiones competenciales que se vienen produciendo en el ámbito policial a favor de la Generalitat». Esto evidencia su preocupación por el «uso político» que se ha hecho de los servidores públicos en este conflicto.
La Necesidad de Reconocimiento y Reparación
Los sindicatos policiales han celebrado la aplicación de la Ley de Amnistía a los 46 agentes, pero no como un «acto de gracia» o «perdón caritativo», sino como un «acto de justicia» que pone fin a un «calvario procesal» que nunca debió llegar tan lejos. Consideran que sus actuaciones fueron proporcionales y ajustadas al marco legal, siempre bajo la tutela judicial, y que fueron víctimas de una «campaña de acoso y difamación» por parte de los sectores independentistas.
Además, rechazan ser equiparados con quienes promovieron el intento de independencia de Cataluña, denunciando el «uso político» que se ha hecho de los servidores públicos en este conflicto. Reclaman el reconocimiento y la reparación que merecen por haber defendido la Constitución y el mandato judicial, algo que debe quedar claro y no ser «igualado» con otros hechos.
En resumen, la aplicación de la Ley de Amnistía a los 46 agentes de Policía Nacional es valorada por los sindicatos como un «acto de justicia» que pone fin a un largo calvario procesal y reconoce la proporcionalidad y el apego al marco legal de sus actuaciones. Sin embargo, rechazan ser equiparados con quienes promovieron el intento de independencia, denunciando el «uso político» que se ha hecho de los servidores públicos en este conflicto. Ahora es el momento de reconocer y reparar a quienes defendieron la Constitución y el mandato judicial.
