En el mundo de los medios de comunicación, la independencia y la transparencia son principios fundamentales que deben regir el funcionamiento de las organizaciones públicas. Sin embargo, la reciente aprobación de la ley de la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana, conocida como la ley de À Punt, ha generado una gran preocupación en el sector periodístico valenciano.
Según la Unió de Periodistes Valencians, este nuevo texto legal supone "una vuelta al modelo de televisión partidista, sin control independiente de su contenido", lo que pone en riesgo la pluralidad y la calidad de la información que se transmite a la ciudadanía.
La Unió de Periodistes Valencians, como colectivo profesional, ha expresado su firme rechazo a esta nueva ley, señalando que se trata de un "claro retroceso en cuanto a la pluralidad del ente", al modificar la manera en que se conforma el Consejo de Administración, ahora copado por miembros elegidos únicamente por los partidos políticos con mayoría absoluta.
Esto, según los expertos, podría derivar en la politización de los contenidos y la falta de control independiente sobre los mismos, una situación que se agrava con la eliminación del papel supervisor del Consejo de la Ciudadanía y la dilución de las funciones del Consejo de Informativos.
LA LEY DE À PUNT: UNA AMENAZA PARA LA INDEPENDENCIA INFORMATIVA
La Unió de Periodistes Valencians advierte que la nueva ley de la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana no garantiza la financiación mínima necesaria para el funcionamiento de À Punt, ni tampoco establece un techo a una posible "hipertrofia económica" del ente.
Esto significa que la supervivencia de la radiotelevisión pública valenciana quedaría a merced de la "voluntad de los políticos de turno", quienes podrían decidir dejarla morir por falta de recursos o, por el contrario, dotarla con presupuestos excesivos, lo que podría derivar en un uso partidista de los fondos públicos.
Otra de las preocupaciones expresadas por el colectivo de periodistas es la incertidumbre que genera el proceso de selección de personal para la Corporación Audiovisual. Según la Unió, alrededor de 800 profesionales de la información se encuentran inscritos en este proceso, lo que además de generar "inestabilidad laboral", supone "gastos y mucha incertidumbre innecesaria" tanto para la actual plantilla como para los aspirantes a formar parte de la organización. En este sentido, exigen que se celebre cuanto antes el proceso selectivo y se resuelva la interinidad de los trabajadores de À Punt.
Finalmente, la Unió de Periodistes Valencians lamenta que el nuevo texto legal "deja en el aire" la necesidad de promover el valenciano, una de las razones de ser de la radiotelevisión pública, así como los posibles cambios en el libro de estilo. Estos aspectos, según los expertos, no son "buenos augurios para el futuro de À Punt", ya que podrían afectar negativamente a la calidad y la identidad de los contenidos.
LA LUCHA POR UNA TELEVISIÓN PÚBLICA DE CALIDAD, INDEPENDIENTE Y EN VALENCIANO
Ante este panorama, la Unión de Periodistes Valencians ha manifestado su compromiso de "velar para que no se vuelvan a cometer errores del pasado" y de "defender siempre unos medios de comunicación públicos, de calidad, en valenciano, independientes de los poderes políticos, muy dotados económicamente y que impulsen el sector audiovisual valenciano". Es decir, todo lo contrario de lo que, en su opinión, representa el espíritu de la nueva ley de la Corporación Audiovisual.
Los periodistas valencianos exigen que se garantice la supervivencia económica de À Punt, así como su independencia de los partidos políticos y su compromiso con el fomento del valenciano y el impulso del sector audiovisual de la región. Consideran que la nueva normativa "busca evitar la fiscalización, no se compromete a garantizar la supervivencia económica del ente, obvia el papel de la CACV como motor del sector audiovisual y desprestigia el valenciano y a los valencianohablantes".
En este sentido, la Unió de Periodistes Valencians recalca la importancia de que la radiotelevisión pública de la Comunidad Valenciana sea "un servicio público, de calidad, en valenciano, independiente de los poderes políticos y muy dotado económicamente". Solo de esta manera, según los expertos, se podrá garantizar la pluralidad informativa y la defensa de los intereses de la ciudadanía.
UN LLAMADO A LA ACCIÓN
La Unió de Periodistes Valencians ha expresado su firme rechazo a la nueva ley de la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana, al considerar que esta supone "una vuelta al modelo de televisión partidista, sin control independiente de su contenido". Según el colectivo, el nuevo texto legal modifica la composición del Consejo de Administración, eliminando la participación de miembros de la sociedad civil y de los trabajadores, lo que podría derivar en la politización de los contenidos y la falta de control independiente sobre los mismos.
Además, la Unió advierte que la ley no garantiza la financiación mínima necesaria para el funcionamiento de À Punt, ni tampoco establece un techo a una posible "hipertrofia económica" del ente. Esto significa que la supervivencia de la radiotelevisión pública valenciana quedaría a merced de la "voluntad de los políticos de turno", quienes podrían decidir dejarla morir por falta de recursos o, por el contrario, dotarla con presupuestos excesivos, lo que podría derivar en un uso partidista de los fondos públicos.
Ante este panorama, la Unió de Periodistes Valencians ha expresado su compromiso de "velar para que no se vuelvan a cometer errores del pasado" y de "defender siempre unos medios de comunicación públicos, de calidad, en valenciano, independientes de los poderes políticos, muy dotados económicamente y que impulsen el sector audiovisual valenciano".
Los periodistas valencianos exigen que se garantice la supervivencia económica de À Punt, así como su independencia de los partidos políticos y su compromiso con el fomento del valenciano y el impulso del sector audiovisual de la región.
