La confidencialidad y el secreto profesional son principios fundamentales en el ejercicio de la abogacía. Estos valores garantizan la efectiva defensa de los derechos de los ciudadanos y son esenciales para mantener la integridad del sistema judicial.
Lamentablemente, en algunos casos, estas normas éticas se ven comprometidas, poniendo en riesgo la confianza de los clientes en sus abogados y el correcto funcionamiento de la administración de justicia.
En este contexto, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha tomado medidas decisivas para proteger la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y fiscales. La querella presentada por Alberto González Amador contra dos fiscales de Madrid por un presunto delito de revelación de secretos es un claro ejemplo de la importancia que este Colegio otorga a la salvaguarda de estos principios fundamentales.
La Elevación de la Causa al Tribunal Supremo: Buscando Justicia
El ICAM ha solicitado la elevación de la causa al Tribunal Supremo, tras la práctica de las diligencias esenciales en la fase de instrucción por parte del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Esta decisión se basa en los indicios cualificados que apuntan a la presunta responsabilidad penal del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Durante las declaraciones realizadas este jueves, la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto Torres, confirmaron que la orden directa de emisión de la nota aclaratoria de la Fiscalía de Madrid correspondió al fiscal general del Estado. Esta información fue respaldada por la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, en su declaración del pasado 13 de junio.
Además, el propio fiscal general del Estado asumió verbalmente la responsabilidad de la difusión de la nota de prensa en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril, y posteriormente lo ratificó en un escrito dirigido al TSJM el pasado día 10, solicitando que la causa fuera enviada al Tribunal Supremo.
La Protección de la Confidencialidad: Un Deber Ineludible
Según el ICAM, la divulgación de la información referente a las conversaciones entre el abogado de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal sobre el caso de un presunto fraude fiscal, supone «una grave violación de la confidencialidad y el secreto profesional, principios fundamentales del ejercicio de la abogacía y el derecho de defensa».
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha subrayado «la gravedad de los hechos y la necesidad impedir que vuelva a ocurrir una situación como esta que afecta directamente a la integridad del sistema judicial y a la protección de los derechos de los profesionales del derecho y sus clientes».
El Colegio de Abogacía de Madrid ha dejado claro que «la protección de la confidencialidad en las comunicaciones entre abogados y fiscales es esencial para la defensa efectiva de los derechos de los ciudadanos» y que «este Colegio será firme ante cualquier vulneración del mismo».
