El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, propone gravar con el IVA la actividad de los pisos turísticos en España para que tributen como cualquier actividad comercial. Esta medida pretende frenar el aumento de la oferta ilegal y favorecer el uso residencial de las viviendas.
Los problemas generados por los pisos turísticos
Según Bustinduy, actualmente el 10% del parque inmobiliario en algunas ciudades del país se destina a las viviendas de uso turístico. Esto provoca un incremento de los precios del alquiler, dificultando la emancipación de los jóvenes, impidiendo el acceso a un alquiler a las familias y obligando a muchos habitantes a abandonar las ciudades.
En el caso concreto de Madrid, se denuncia que hasta el 90% de los pisos turísticos operan sin licencia. Además, se critica que ciertas ciudades apliquen moratorias que no se ajustan a la normativa vigente. Por ello, el ministro insta a las ciudades de toda España a colaborar en la investigación gubernamental para eliminar la publicidad de los pisos turísticos ilegales.
Un llamado a la colaboración entre el Gobierno y las ciudades
Bustinduy destaca que la problemática generada por la proliferación de pisos turísticos afecta gravemente a la vida en las ciudades. Los altos precios del alquiler obligan a los residentes a abandonar sus barrios, lo que supone una seria amenaza para el derecho a la vivienda y a la vida en la ciudad donde se trabaja.
El ministro considera que si bien el turismo es una actividad económica vital para las ciudades y para España, no debe comprometerse el derecho a la vivienda de los ciudadanos. Por lo tanto, es imprescindible tomar medidas para regular el mercado de viviendas turísticas y garantizar un equilibrio entre el turismo y la vida local.
La colaboración entre Vivienda y Turismo para abordar la crisis
Recientemente, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunió con la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y sus comisiones de Vivienda y de Turismo. El objetivo es trabajar de forma conjunta para abordar la situación de los pisos turísticos y buscar soluciones efectivas.
Entre las posibles medidas a estudiar se plantea la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, con el fin de otorgar más poder de decisión a los propietarios. Esta propuesta se basa en dos sentencias del Tribunal Supremo que subrayan la importancia de involucrar a los vecinos en las decisiones relacionadas con las propiedades.
Rodríguez se compromete a presentar una normativa que facilite los instrumentos necesarios para abordar esta problemática. En caso de ser necesario, se contempla la posibilidad de reformar la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar la participación de los propietarios en la gestión de los pisos turísticos.
