La reducción de la jornada laboral es una de las medidas impulsadas por el Gobierno español con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y fomentar un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Sin embargo, esta iniciativa ha generado un intenso debate, especialmente en el sector del comercio minorista, cuya patronal, la Confederación Española de Comercio (CEC), ha expresado su «descontento» ante lo que considera un «ultimátum» por parte del Ejecutivo.
La CEC argumenta que esta imposición no respeta el ámbito del diálogo social y las particularidades de cada sector, y que podría tener graves consecuencias para más de 200.000 empresas de pequeño tamaño que correrían el «alto riesgo de desaparición«. Además, estiman que la medida podría costar al sector hasta 3.866 millones de euros, lo que pondría en peligro la competitividad y sostenibilidad de un sector estratégico para la economía nacional.
EL IMPACTO DE LA REDUCCIÓN DE JORNADA EN EL COMERCIO MINORISTA
La reducción de la jornada laboral en el sector del comercio minorista supondría una disminución de 171,8 millones de horas al año. Este impacto se centraría principalmente en los 1,4 millones de trabajadores por cuenta ajena del sector, quienes verían reducida su jornada en 2,5 horas semanales.
Sin embargo, la CEC también advierte que esta medida tendría efectos colaterales para los aproximadamente 480.000 comerciantes autónomos, quienes se enfrentarían a dificultades para conciliar su tiempo de trabajo y personal, especialmente en lo relativo a la contratación de personal cualificado para cubrir esas horas reducidas.
Ante este escenario, la patronal del comercio minorista subraya que la reducción de jornada no respeta el diálogo social y las particularidades de cada sector, y que podría tener un impacto devastador en un sector formado por 393.287 empresas que representan el 12,3% del tejido empresarial nacional y generan el 4,9% del PIB.
LAS PREOCUPACIONES DE LA PATRONAL DEL COMERCIO
La Confederación Española de Comercio (CEC) ha manifestado su «descontento» ante la imposición de la reducción de jornada laboral por parte del Gobierno, al considerarla una medida que no respeta el diálogo social ni las realidades socioeconómicas de cada sector.
La patronal advierte que esta medida «se salta el papel que la Constitución otorga a los agentes sociales» y que «no tiene la más mínima consideración y respeto hacia el diálogo social» en un sector como el comercio, en el que predominan las pequeñas y medianas empresas.
Según la CEC, la reducción de jornada podría costar al sector hasta 3.866 millones de euros, lo que pondría en riesgo la competitividad y supervivencia de más de 200.000 empresas de entre uno y nueve asalariados, que correrían un «alto riesgo de desaparición«.
Ante esta situación, la patronal reitera su preocupación por los efectos que esta medida puede tener sobre un sector tan estratégico para la economía como es el comercio minorista, que emplea a 1,4 millones de trabajadores por cuenta ajena y se compone de 393.287 empresas que representan el 12,3% del tejido empresarial nacional y generan el 4,9% del PIB.
