La Comunidad de Madrid, a través de su Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha salido en defensa de las leyes Trans y LGTBi que dicha comunidad autónoma ha aprobado recientemente. Estas normas, que el Gobierno de España ha recurrido ante el Tribunal Constitucional por considerarlas inconstitucionales, tienen como objetivo principal la protección de los menores, según argumenta la Consejera.
La decisión del Ejecutivo central de impugnar estas leyes regionales se produce tras haber agotado la vía de la negociación a través de la Comisión Bilateral entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha manifestado que "no ha sido posible llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid". Ante esta situación, la Consejera madrileña ha remarcado que su Gobierno continuará defendiendo que es necesario proteger a los menores y que éstos tienen "derecho a una atención sanitaria física y mental adecuada".
Las Leyes Trans y LGTBi de la Comunidad de Madrid
La Consejera Ana Dávila ha explicado que las leyes recurridas por el Gobierno central han perseguido siempre "proteger a los menores de una situación, de unos tratamientos que son irreversibles" y "acompañarlos en un proceso" en el que, según la propia ministra de Igualdad, "existía mucho sufrimiento en las familias y en cada persona que se somete a un proceso de transición".
Además, la Consejera ha señalado que para la elaboración de estas normas se ha "escuchado a las sociedades científicas, a las sociedades médicas, a las propias familias, a los profesionales de la salud mental, de la endocrinología, de la pediatría, de la salud mental, infanto-juvenil". Esto demuestra el exhaustivo trabajo realizado por la Comunidad de Madrid para abordar esta cuestión de manera integral y con el objetivo de proteger a los menores.
El Recurso del Gobierno Central
El Gobierno de España ha impugnado específicamente dos aspectos de las leyes Trans y LGTBi de la Comunidad de Madrid. En primer lugar, la excepción a la prohibición absoluta de las terapias de conversión, que permite el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica. En segundo lugar, la patologización que se hace de los menores trans, al obligarles a someterse a un proceso de acompañamiento psicológico o psiquiátrico y a obtener un informe facultativo favorable como condición para iniciar un tratamiento para su transición.
La Consejera Ana Dávila ha criticado duramente esta decisión, afirmando que el Gobierno central ha demostrado "una vez más atacar a Madrid, no tener ninguna intención de negociar" y "ninguna intención de proteger a las personas vulnerables". Según ella, la posición del Ejecutivo estatal es "una vez más atacar a Madrid, no tener ninguna intención de negociar" y "ninguna intención de proteger a las personas vulnerables".
En resumen, la Comunidad de Madrid defiende a ultranza las leyes Trans y LGTBi que ha aprobado, considerándolas fundamentales para la protección de los menores, mientras que el Gobierno central ha recurrido estas normas ante el Tribunal Constitucional por considerarlas inconstitucionales. Este conflicto pone de manifiesto la tensión existente entre las diferentes administraciones en torno a una cuestión tan sensible y controvertida como los derechos de la comunidad LGTBI+.
