La cúpula judicial española se enfrenta a una situación crítica debido a la acumulación de 94 vacantes, de las cuales 25 corresponden al Tribunal Supremo (TS), lo que representa casi el 30% de su plantilla. Esta situación ha sido calificada como un «estropicio inédito» en la historia de la democracia española, con efectos negativos que se extienden a toda la organización judicial.
El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá la urgente tarea de cubrir estas vacantes, una labor complicada debido a que desde 2021, el órgano de gobierno de los jueces no ha podido realizar nombramientos discrecionales por tener su mandato caducado. Esta situación se ha visto agravada por la salida de cinco vocales del CGPJ, ya sea por jubilación, dimisión o defunción.
Vacantes en la Cúpula Judicial
Las vacantes se distribuyen de la siguiente manera: 25 en el Tribunal Supremo, 38 en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), 30 en las Audiencias Provinciales y 1 en la Audiencia Nacional. La situación más preocupante se encuentra en el Tribunal Supremo, donde casi un 30% de sus efectivos se encuentran vacantes, afectando principalmente a las Salas de lo Militar, lo Social y lo Contencioso-Administrativo.
Estas vacantes han provocado que los asuntos acumulados en estas salas se hayan más que duplicado debido a la pandemia de COVID-19. Según fuentes del alto tribunal, la entrada simultánea de 25 nuevos magistrados podría generar cambios bruscos en la jurisprudencia de las salas afectadas, ya que los recién llegados necesitarán tiempo para asimilar la doctrina asentada.
El Papel del Nuevo CGPJ
El nuevo CGPJ tendrá la ardua tarea de cubrir estas vacantes, un proceso que podría dilatarse varios meses. Además, una vez realizados los nombramientos, se requerirá un período adicional para que los asuntos acumulados en las distintas salas del Tribunal Supremo puedan ser resueltos y se recupere el ritmo habitual de trabajo.
El CGPJ entrante también deberá redactar los informes preceptivos de los anteproyectos de las Leyes de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que plantean transferir la investigación penal de los jueces a los fiscales. Esta situación refleja la complejidad y urgencia de los retos que deberá afrontar el nuevo órgano de gobierno de los jueces.
