La jubilación es uno de los temas más importantes y delicados en la planificación financiera de los trabajadores y en la política social de un país. En España, el Gobierno ha propuesto recientemente una serie de cambios en la regulación de la jubilación, con el objetivo de incentivar a los trabajadores a retrasar su retiro y de ofrecer más flexibilidad en la transición hacia la jubilación.
Estas propuestas, que han sido presentadas a los agentes sociales, buscan lograr un equilibrio entre los intereses de los trabajadores, de las empresas y del sistema de Seguridad Social.
Las medidas planteadas por el Gobierno van desde la posibilidad de cobrar los incentivos por demora de la jubilación cada seis meses a partir del segundo año, hasta la compatibilización al 100% de la pensión con el trabajo, siempre y cuando se retrase la jubilación al menos cinco años. Estos cambios buscan fomentar la prolongación de la vida laboral y facilitar una transición más gradual hacia la jubilación.
INCENTIVOS POR RETRASO DE LA JUBILACIÓN
La reforma de pensiones introdujo dos incentivos para animar a retrasar el retiro, que consisten en un 4% adicional sobre la cuantía de la pensión correspondiente por cada año completo en que se retrase la jubilación más allá de la edad legal ordinaria o una cantidad fija a tanto alzado, por cada año que se cotice de más, que se abonará en un pago único al pensionista que decida voluntariamente retrasar su jubilación.
Con la propuesta del Ejecutivo, el trabajador que decida seguir en activo de manera voluntaria tras cumplir la edad legal de jubilación podrá cobrar estos incentivos cada seis meses, siempre y cuando retrase su retiro al menos dos años. Es decir, desde el segundo año de demora, no se necesitará un tercer año completo, sino al menos seis meses, para percibir un complemento adicional del 2%.
Así, en el caso de jubilaciones demoradas que opten por cobrar el porcentaje adicional del 4% por cada de demora, quienes retrasen su jubilación dos años y seis meses cobrarían un 10% adicional. Quienes optaran por el pago único cobrarían la fracción del año que corresponda.
COMPATIBILIDAD ENTRE TRABAJO Y PENSIÓN
El Ministerio ha planteado además a los agentes sociales un nuevo marco legal para compatibilizar trabajo y pensión «con diferentes fórmulas para mejorar el tránsito del trabajo a la jubilación», con la idea de que esta situación pueda ser «más gradual y adaptada a las circunstancias de cada trabajador».
Para ello, Seguridad Social propone un nuevo esquema «más flexible» de la llamada jubilación activa, la que permite compatibilizar pensión contributiva y trabajo después de la edad ordinaria de jubilación, de forma que con cada año de demora de la jubilación, el porcentaje de compatibilidad con la pensión sea mayor, siendo además compatible con el incentivo de demora, algo que ahora no es posible.
Así, el Gobierno plantea que, tras un año de demora, el trabajo sea compatible con el 30% de la pensión; con dos años se percibiría el 40% de la pensión correspondiente; con tres años, el 50%; con cuatro años se cobraría el 75%, y con cinco años o más en activo se generaría el derecho a percibir el 100% de la pensión.
MEJORAS PROPUESTAS PARA LA JUBILACIÓN PARCIAL
Además de las medidas relacionadas con los incentivos por retraso de la jubilación y la compatibilidad entre trabajo y pensión, el Gobierno también ha abordado las condiciones de la jubilación parcial en las negociaciones con los agentes sociales.
Según fuentes del Ministerio, en la reunión de este lunes también se han discutido los aspectos relacionados con la jubilación parcial, un asunto clave para los sindicatos. La secretaria confederal de UGT, Patricia Ruíz, ha lamentado que todavía queda «muy lejos» un acuerdo respecto a la jubilación parcial y el contrato de relevo, pero ha reconocido que ha habido «bastante avance» en relación a los fijos discontinuos y su cotización, las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y los coeficientes reductores.
Por su parte, el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha señalado que, con su propuesta, el Gobierno quiere recortar derechos a los autónomos que compatibilicen trabajo y pensión, reduciendo el importe de la pensión resultante a recibir desde el actual 50% al 30%. Esto ha sido interpretado como «un recorte de derechos y de pensión a los autónomos que estarán en jubilación activa».
En resumen, las propuestas del Gobierno buscan incentivar el retraso de la jubilación, facilitar la compatibilidad entre trabajo y pensión, y mejorar las condiciones de la jubilación parcial, con el objetivo de lograr un equilibrio entre los intereses de los trabajadores, las empresas y el sistema de Seguridad Social. Sin embargo, algunas de estas medidas, como la reducción del porcentaje de pensión compatible para los autónomos, han sido criticadas por los agentes sociales.
