La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha realizado un estudio exhaustivo sobre la prestación por incapacidad temporal (IT) en España, en el cual se advierten «rasgos de abuso» por parte de los beneficiarios, así como problemas administrativos y de configuración legal que favorecen el crecimiento «perverso» del gasto.
Según el informe, en los últimos cinco años las pensiones contributivas del sistema han aumentado un 32.8% a precios corrientes, un porcentaje inferior al crecimiento de las cotizaciones sociales si se incluyen las nuevas cotizaciones de solidaridad. Sin embargo, el gasto en prestaciones económicas derivadas de situaciones de IT motivadas por enfermedad común ha crecido un 91.6%, mientras la población atendida por el régimen prestacional ha crecido alrededor de un 10%.
Incentivos Perversos y Cultura del Abuso
El estudio señala que el sistema de protección social debe atender más a la capacidad alta o baja que las personas poseen antes que a la incapacidad para determinar su actuación. Además, sostiene que la «cultura del abuso» en prestaciones sociales, en el caso de la IT, se deriva de su característica privilegiada como una «prestación refugio».
Medidas para Abordar el Problema
Una de las principales medidas propuestas en el informe es el establecimiento de un recargo en la cotización a la Seguridad Social para las empresas que utilicen incentivos para complementar hasta el 100% las remuneraciones de los empleados en situación de IT por enfermedad común. Según el estudio, esta medida haría que estos beneficios desaparecieran rápidamente de la negociación colectiva.
Además, el informe plantea la necesidad de establecer prestaciones de IT parciales, que sean compatibles con el desarrollo de parte de la jornada, bien en momentos de recuperación, o incluso bien desde el inicio. Esto, según el autor, evitaría que sea más rentable económicamente la incapacidad temporal que la actividad laboral.
Asimismo, el estudio destaca la importancia de primar el derecho a la recolocación antes de que se produzca un estado permanente de incapacidad, siendo la salida del mercado de trabajo la última solución a aplicar. Esto debería complementarse con incentivos generosos a la recolocación en puestos de trabajo a cargo de otros empleadores de las personas con grados de incapacidad variable.
En resumen, el informe de la Fedea plantea la necesidad de abordar de manera integral los problemas relacionados con la prestación por incapacidad temporal, mediante la implementación de medidas que eliminen los incentivos perversos, fomenten una cultura de responsabilidad y prioricen la reincorporación laboral de las personas con limitaciones de salud. Solo de esta manera se podrá garantizar la sostenibilidad del sistema de protección social y evitar el abuso de esta prestación.
