La reciente noticia sobre el despido masivo de empleados de Vodafone en España ha generado gran preocupación en el país. El grupo político Sumar ha propuesto en el Congreso realizar una revisión exhaustiva de los contratos públicos que Vodafone mantiene con la Administración General del Estado, así como de las posibles ayudas que la empresa haya recibido a través de los fondos europeos.
Este movimiento surge después de que el fondo británico Zegona, que gestiona el negocio de Vodafone en España desde principios de este mes, haya planteado un expediente de regulación de empleo (ERE) para un máximo de 1.198 empleados, lo que representa el 36,7% de la plantilla.
Esto ha generado una gran inquietud social, ya que se estima que unas 500 personas de más de 54 años podrían verse afectadas, y en términos de empleo indirecto, hasta 14.000 puestos de trabajo estarían en riesgo.
Revisión de los Contratos Públicos de Vodafone
Los diputados del grupo Sumar han planteado una serie de preguntas parlamentarias para evaluar la situación. En primer lugar, solicitan información sobre los contratos y la cuantía que Vodafone tiene actualmente con la Administración General del Estado. Esto es crucial, ya que la Ley de Contratos del Sector Público establece que los órganos de contratación deben rechazar las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas debido al incumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.
Además, se preguntan si estos contratos cuentan con cláusulas sociales y medioambientales vinculadas al objeto del contrato, tal como lo estipula la ley. Esto es fundamental, ya que estas cláusulas pueden ser un mecanismo para garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y el cuidado del medio ambiente.
Ayudas y Subvenciones Públicas a Vodafone
Por otro lado, el grupo Sumar también se interesa por saber si Vodafone ha recibido ayudas o subvenciones públicas en el marco de los instrumentos Next Generation, y en caso afirmativo, solicitan información sobre el monto y los detalles de estas ayudas. Esto es relevante, ya que se busca evaluar si la empresa ha cumplido con los requisitos y las obligaciones establecidas para acceder a estos fondos.
Impacto en la Calidad del Servicio
Finalmente, los diputados del grupo Sumar preguntan al Ejecutivo sobre las medidas que se prevén adoptar en caso de que, como consecuencia de los despidos, se vea afectada la calidad del servicio de Vodafone con las entidades públicas. Esto es crucial, ya que la continuidad y la calidad de los servicios prestados a la Administración deben ser una prioridad.
En resumen, la propuesta de Sumar busca realizar una revisión exhaustiva de los vínculos contractuales y financieros entre Vodafone y el sector público, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y la protección de los derechos de los trabajadores. Esta iniciativa responde a la preocupación generada por los despidos masivos anunciados por la empresa y la posible repercusión en el empleo y la calidad de los servicios prestados.
