La industria del entretenimiento, particularmente el sector de las discotecas, ha sido durante mucho tiempo un escenario en el que se han evidenciado casos de explotación laboral de mujeres. Estas prácticas ilegales, que van en detrimento de los derechos de los trabajadores, han sido objeto de creciente atención y escrutinio por parte de las autoridades competentes.
La investigación policial, llevada a cabo en el marco de un control sobre varias discotecas de Madrid, reveló una práctica sistemática de explotación laboral de mujeres jóvenes que trabajaban como «chicas de imagen» sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. Estas mujeres eran captadas por el personal de la discoteca a través de diversos medios, incluyendo las redes sociales, y pasaban a formar parte de una bolsa de trabajo de 200 mujeres gestionada a través de una aplicación de mensajería instantánea.
CAPTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS TRABAJADORAS
La investigación policial reveló que el personal de la discoteca empleaba diversos métodos para captar a las mujeres que trabajarían como «chicas de imagen». Estos incluían la exigencia de enviar fotografías, tras lo cual las jóvenes pasaban a engrosar una bolsa de trabajo de 200 mujeres gestionada a través de un grupo de una aplicación de mensajería instantánea.
Una vez incorporadas a esta bolsa de trabajo, las mujeres debían aceptar condiciones específicas de vestimenta y un trato cercano y alegre, incluso sugerente, con los clientes a cambio de cuantías que oscilaban entre los 50 y los 80 euros por noche. Estas contraprestaciones podían ser abonadas de diferentes formas, incluyendo al cierre de cada evento, al final de la semana por los servicios acumulados o mediante medios de pago telemático al margen de la fiscalización económica.
Cabe destacar que, según las fuentes policiales, estas mujeres tenían una relación laboral con el establecimiento, tal y como confirmó un informe de la Inspección de Trabajo, ya que contaban con una zona donde se cambiaban de ropa, eran distribuidas por los reservados, y tenían horarios y otras condiciones propias de una relación de trabajo.
PERFIL DE LAS TRABAJADORAS Y SANCIONES IMPUESTAS
El perfil de estas trabajadoras se caracterizaba por mujeres jóvenes, de entre 20 y 30 años de edad, que adquirían el compromiso de ejercer como reclamo de clientela masculina. Estas mujeres debían aceptar unas determinadas condiciones de vestimenta provocativa y actuar de forma cercana, alegre y preferente con los clientes hombres. Además, tenían como misión incentivar la contratación de espacios reservados dentro del local y maximizar el consumo de los productos ofertados en el interior de la discoteca.
Cabe señalar que, en caso de no llegar a unos objetivos establecidos o de que algún cliente no estuviera satisfecho, las mujeres eran penalizadas por el establecimiento.
Como resultado de la inspección realizada, se identificaron 22 mujeres trabajando como «chicas de imagen» sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, de las cuales cuatro se encontraban en situación irregular en territorio nacional. Esto derivó en la imposición de 21 infracciones por incumplimiento de la normativa laboral y en materia de extranjería.
DETENCIÓN DEL RESPONSABLE DE LA DISCOTECA
Fruto de las averiguaciones posteriores a la inspección, a finales del pasado mes de mayo se procedió a la detención del máximo responsable de la discoteca, un hombre español de 59 años sin antecedentes policiales, que pasó a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Esta investigación se enmarca en una línea de trabajo desarrollada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEF) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid para la prevención de la explotación laboral en locales de ocio, y que continuará operativa en los próximos meses en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid.
En conclusión, el caso descrito evidencia la persistencia de prácticas de explotación laboral de mujeres en el sector de las discotecas, un problema que requiere de una acción decidida y coordinada entre las autoridades competentes para erradicar estas situaciones ilegales y garantizar el pleno respeto de los derechos de los trabajadores.
La investigación policial y las sanciones impuestas envían un claro mensaje de que estas conductas inaceptables no serán toleradas, y que se continuará trabajando para identificar y sancionar a los responsables de este tipo de prácticas.
