La corrupción política y urbanística es un problema que ha afectado a diferentes regiones de España a lo largo de los años. El caso de Estepona, en la provincia de Málaga, se ha convertido en un ejemplo emblemático de cómo este fenómeno puede permear en las instituciones públicas y afectar gravemente el desarrollo de una comunidad.
En este artículo, exploraremos en profundidad el caso «Astapa», un proceso judicial que ha sacado a la luz prácticas supuestamente irregulares relacionadas con los convenios urbanísticos y la presunta creación de una Caja B en el Ayuntamiento de Estepona. Analizaremos las acusaciones, los hallazgos de la investigación y las consecuencias que este escándalo ha tenido para la ciudad y sus habitantes.
El Desfalco del Ayuntamiento de Estepona
Según el fiscal Anticorrupción, en el caso Astapa se han cometido delitos de corrupción que se traducen en prácticas supuestamente irregulares relacionadas con los convenios urbanísticos y la creación de una Caja B que llevaron al «desfalco» del Consistorio. El fiscal ha sostenido que estas prácticas eran «frecuentes» en el contexto social y político que vivía España en ese momento, lo que se justificaba en un «discurso político engañoso» que se centraba en el crecimiento económico y la atracción de inversión.
La existencia de la Caja B ha sido el elemento central de la investigación, ya que el fiscal considera que es la «razón de ser» de las supuestas prácticas ilegales. Según el fiscal, la Caja B resultaba útil tanto para las autoridades municipales, que obtenían «rédito político» por el manejo de esos fondos, como para los empresarios pagadores, quienes lograban «ventajas» y «la disposición de las autoridades» para impulsar trámites administrativos a su favor.
Además, el fiscal ha hecho mención a los diferentes tipos de convenios investigados, como los de planeamiento y los de gestión para la monetarización de aprovechamientos urbanísticos, en los que supuestamente hubo «manipulación» basándose en los informes periciales que hablan de infravaloración de los mismos.
La Denuncia que Destapó el Escándalo
Según el fiscal, la denuncia presentada por los exediles David Valadez y Cristina Rodríguez, quienes «no tenían nada que ganar y mucho que perder» al hacerlo, fue clave para el desarrollo de la investigación. En dicha denuncia se hablaba de «prácticas alarmantes» y situaciones que, en opinión del fiscal, «ahora serían impensables pero que entonces muchos toleraban».
Por otro lado, el fiscal ha asegurado que la denuncia presentada por el exalcalde Barrientos «ocultó informaciones relevantes», en contraste con la información aportada por Valadez y Rodríguez, que fue considerada «coherente» y «refrendada por documentación».
Las Conclusiones del Fiscal y las Implicaciones Futuras
En sus conclusiones definitivas, el fiscal ha mantenido la acusación para 37 procesados, incluido el exalcalde, pero ha rebajado de forma considerable todas las penas solicitadas, que no pasan de los dos años y medios de cárcel, al considerar que concurre la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas y extraordinarias de forma muy cualificada.
Este caso ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el ámbito de la gestión pública, especialmente en lo que respecta a los convenios urbanísticos y la rendición de cuentas de las autoridades municipales. Asimismo, ha resaltado la importancia de fomentar una cultura de integridad y ética en el sector público, con el fin de prevenir y erradicar prácticas corruptas que puedan desviar los recursos públicos y perjudicar el desarrollo de las comunidades.
