La Audiencia Provincial de Mallorca está juzgando esta semana una compleja trama de estafa inmobiliaria en la que se han visto implicados una familia compuesta por una mujer de 41 años, su marido de 51 y su hija de 23, así como un cuarto hombre como supuesto colaborador. La estafa ha dejado más de medio millón de euros en perjuicios a unas quince víctimas en la isla.
A través de una empresa domiciliada en Es Rafal Nou, la familia ofrecía la compraventa de inmuebles a precios sumamente competitivos, para luego quedarse con los depósitos y arras sin llevar a cabo las operaciones. La principal investigada, que ejercía como agente inmobiliaria, era una persona muy conocida en determinados barrios de Palma, logrando captar a víctimas con pocos recursos.
Engaños y Modus Operandi de la Trama Familiar
Captación de Víctimas y Cobro de Adelantos
Según el relato de las víctimas, la acusada se presentaba como agente inmobiliaria y les mostraba una amplia cartera de inmuebles en venta, llegando incluso a entregarles las llaves. Una vez identificados los interesados, la familia cerraba acuerdos para la compra de viviendas, recibiendo arras y depósitos que nunca fueron aplicados a la transacción final.
En algunos casos, la acusada alegaba diferentes excusas, como que la "dueña estaba en el hospital", para justificar la imposibilidad de firmar la compraventa en la fecha acordada. Posteriormente, las víctimas se encontraban con que el inmueble había sido vendido a terceros directamente por el propietario.
Cuando los afectados solicitaban explicaciones o la devolución del dinero entregado, la familia intentaba calmarlos con evasivas o la promesa de un pago superior al monto inicial, llegando incluso a entregarles cheques sin fondos.
Desaparición de los Responsables y Localización de la Familia
Tras los primeros incidentes, resultó imposible contactar con la supuesta agente inmobiliaria, pues mantenía el teléfono apagado y no se encontraba en el domicilio conocido. Esto obligó a algunas víctimas a iniciar denuncias para intentar recuperar sus ahorros.
Finalmente, la Policía Nacional logró localizar y detener a la familia en una gasolinera de la provincia de Cádiz, tras geolocalizar sus teléfonos móviles. Al momento de la detención, los sospechosos se encontraban viviendo en el vehículo, junto a un menor y un perro, utilizando tarjetas prepago para sus comunicaciones.
Investigación y Situación Actual del Caso
Destino del Dinero Defraudado
Según el análisis de las cuentas bancarias de los acusados y de la empresa que habían constituido, el dinero recibido de las víctimas era retirado de forma inmediata en efectivo, sin dejar rastro de su destino final. Los movimientos de las cuentas no parecían corresponder a una actividad mercantil normal.
Acusaciones y Solicitud de Penas
La Fiscalía ha solicitado una condena de 8 años de prisión y una multa de 8.760 euros para cada uno de los miembros de la familia, por un delito de estafa agravada. Por su parte, una acusación particular pide 6 años de cárcel para el cuarto acusado.
Además de las responsabilidades individuales, la Fiscalía solicita que se imponga a la mercantil una multa de 3 millones de euros y la devolución de las cantidades defraudadas a los perjudicados, más intereses.
El juicio continúa con la declaración de más víctimas, y los acusados serán los últimos en comparecer ante el Tribunal.
