La cuestión de cómo abordar los casos de personas trans con antecedentes por violencia de género que acuden a los recursos destinados a las víctimas es un asunto delicado y complejo que requiere un análisis cuidadoso.
Por un lado, existe la preocupación de que estos individuos puedan aprovecharse del sistema en detrimento de las mujeres realmente víctimas de violencia de género. Por otro, negarles el acceso a estos servicios vitales plantea serios problemas éticos y legales. Es crucial encontrar un equilibrio que proteja a las verdaderas víctimas sin discriminar a aquellas personas trans que también necesitan apoyo.
En este contexto, el Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea regional ha solicitado al Gobierno regional que adopte medidas para evitar que personas con antecedentes por violencia de género accedan a los recursos destinados a las víctimas. Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha manifestado que no puede negar el acceso a estos servicios a quienes presenten un DNI femenino y aleguen ser víctimas de violencia de género, debido a las limitaciones impuestas por la Ley Trans estatal.
Solicitud de Instrucción para Denegar Acceso a Personas con Antecedentes
La diputada de Más Madrid Jimena González ha reclamado a la directora general de Igualdad, Patricia Reyes, que emita una circular a los puntos de atención del Observatorio Regional de la Violencia de Género, para que «no se atienda, no se pueda atender en ninguno de esos puntos a una persona con antecedentes por violencia de género».
Según González, el Gobierno autonómico «podría perfectamente emitir una instrucción para que no puedan ser atendidos en estos puntos ninguna persona que tenga antecedentes por violencia de género o que esté en el registro VioGén». Sin embargo, Reyes ha subrayado que la Comunidad de Madrid no puede negar el acceso a sus recursos para mujeres «a alguien que tiene un DNI femenino y alega ser víctima de violencia de género».
Denuncia contra Altos Cargos por «Transfobia» y «Desprotección de Menores»
La solicitud de Más Madrid llega después de que una de estas personas trans con antecedentes por presuntos delitos de violencia de género haya registrado una denuncia contra altos cargos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ante el Tribunal Supremo. En la denuncia, se acusa a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso; la consejera Ana Dávila; la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, y su concejala de Familia y Conciliación, María Macarena Lora Gómez, entre otros, de «transfobia» y «desprotección de menores«.
La parte denunciante reclama al Gobierno regional y al Ayuntamiento una indemnización por responsabilidad civil subsidiaria de 300.000 euros a la administración autonómica y municipal por los daños causados al menor «durante toda su vida», así como «las injurias y calumnias con publicidad» que habrían dañado «el derecho al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen» de esta persona.
Limitaciones Legales y Falta de Instrumentos Jurídicos
La directora general de Igualdad, Patricia Reyes, ha reconocido que la Comunidad de Madrid carece de «ningún instrumento jurídico» para hacer frente a esta situación, algo que trataron de exponer en el encuentro con la ministra de Igualdad, Ana Redondo. «Si no lo tienen los trabajadores del registro civil, que son letrados de la Administración de Justicia, imagínense las trabajadoras de los puntos», ha manifestado Reyes, haciendo hincapié en la ausencia de herramientas legales para abordar este complejo escenario.
Además, la diputada de Más Madrid, Jimena González, ha alertado sobre las «listas de espera» que sufren las mujeres víctimas de violencia de género que acuden a los puntos municipales, solicitando la intervención de la Administración regional.
En definitiva, el caso de las personas trans con antecedentes por violencia de género que solicitan acceder a los recursos destinados a las víctimas plantea un reto importante para las autoridades, quienes deben encontrar un equilibrio entre la protección de las mujeres realmente víctimas y el respeto a los derechos de las personas trans.
La Comunidad de Madrid se enfrenta a limitaciones legales que le impiden negar el acceso a estos servicios, lo que ha generado una situación compleja que requiere de un análisis profundo y de la búsqueda de soluciones justas y efectivas.
