La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha exigido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que fije una reunión para abordar la situación del Hospital Naval. De lo contrario, ha advertido que convocará una movilización para que los responsables ministeriales escuchen a los cartageneros.
El expediente abierto por el Ayuntamiento de Cartagena ha revelado que Patrimonio del Estado ha activado un «expediente de mutación demanial definitiva con compensación presupuestaria» por un valor de 25 millones de euros. Esto se traduce en que el Ministerio estaría estudiando comprar el antiguo hospital.
La Exigencia de una Reunión y la Amenaza de Movilización
Ante esta situación, la alcaldesa Noelia Arroyo ha exigido que el Ministerio fije una fecha para una reunión. De lo contrario, ha advertido que convocará una fecha para una movilización, ya que si la administración no quiere escuchar a los representantes de los cartageneros, llegará el momento de que escuchen directamente a los cartageneros.
Arroyo ha reiterado que si la ministra Elma Saiz no fija la fecha de la reunión en lo que queda de semana, convocará a la Junta de Portavoces para acordar la fecha y el lugar de una manifestación. El objetivo de esta movilización sería expresar el rechazo a que el Ministerio concentre todos los recursos en Cartagena, pues ha recordado que Cartagena es «la única ciudad de España que recibe inmigrantes por mar y además le llegan en avión, desde Canarias».
Las Razones del Ayuntamiento y el Futuro del Hospital Naval
La regidora ha denunciado públicamente «el silencio, las medias verdades y las grandes mentiras» del Gobierno central ante las noticias que «confirman la permanencia del campamento«, ya que se ha conocido que el Ministerio de Defensa ha prorrogado un año más la cesión del Hospital Naval al Ministerio de Migraciones, cuando siempre mantuvo que sería temporal.
Para la primera autoridad de Cartagena, «hay razones de peso para defender que la decisión del ministerio es un grave error«, pues el Pleno del Ayuntamiento se ha manifestado reiteradamente en contra de ese uso y ha solicitado la cesión del Hospital Naval al municipio.
Arroyo ha explicado que «no le gusta salir a la calle para defender asuntos que se resuelven desde el diálogo», pero se ve «obligada a utilizar todos los medios legales a nuestro alcance para impedir una decisión que quieren imponernos en contra de lo que queremos los cartageneros«. Por ello, ha insistido en que el Ayuntamiento se ha dirigido en reiteradas ocasiones al Gobierno central para poner en su conocimiento los acuerdos del Pleno y para solicitar una reunión con los responsables ministeriales, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta.