Vox ha presentado una proposición de ley en el Congreso para modificar el Código Penal español con el objetivo de eximir de responsabilidad criminal a quienes actúen en legítima defensa ante «agresiones ilegítimas» o allanamientos de morada. Esta medida busca reforzar la protección de la inviolabilidad del domicilio, la libertad y la seguridad de los ciudadanos.
Justificación de la propuesta
Según la formación liderada por Santiago Abascal, los ciudadanos que se defienden en sus hogares se enfrentan a un «verdadero calvario» judicial, aún cuando actúan para proteger su hogar y a las personas que se encuentran en su interior. Vox argumenta que es necesario reforzar la protección del «derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad y a la seguridad».
Cada vez más, afirman, la sociedad española es testigo de numerosos casos de allanamientos en los que la legítima defensa del individuo es criticada por el sistema judicial penal. La formación lamenta que estas situaciones muchas veces sean objeto de reproche penal.
Crítica al principio de proporcionalidad
Vox señala que en los casos de legítima defensa se aplica un criterio de proporcionalidad que es “incomprensible para cualquier ciudadano medio”. Critican que los tribunales evalúan la defensa basada en un “supuesto exceso intensivo en el medio de defensa empleado”, algo que, según Vox, no debería ser exigido al agredido dada la urgencia y estrés de la situación.
El Tribunal Supremo ha dictaminado que en situaciones de agresión no se puede reclamar una decisión serena y exacta sobre los medios de defensa a utilizar. Vox propone que este principio sea recogido más claramente en la legislación para asegurar una mayor protección a quienes se defienden.
Modificación propuesta al Código Penal
La propuesta de Vox busca modificar el artículo 20.4 del Código Penal. En su redacción actual, este artículo reconoce la legítima defensa pero impone limitaciones basadas en la proporcionalidad del medio de defensa utilizado. Vox pretende que se exima de responsabilidad criminal a aquellas personas que obren en legítima defensa, siempre y cuando haya «falta de provocación suficiente por parte del defensor» y existan «agresiones ilegítimas» que pongan en peligro grave los bienes del defensor.
Además, la propuesta especifica que se debe considerar automáticamente como razonable el medio de defensa empleado, independientemente del resultado causado, siempre y cuando el defensor tenga la autorización correspondiente de la Administración competente.
Situaciones específicas contempladas
La iniciativa de Vox propone que se considere legítima defensa en diversas situaciones:
- Agresiones ilegítimas: Cuando el defensor enfrente una agresión que ponga en peligro grave su bienestar o el de sus bienes.
- Allanamientos de morada: En casos de entrada indebida en la vivienda o sus dependencias.
- Proporcionalidad automáticamente aceptada: El medio de defensa utilizado se presumiría racional, sin necesidad de evaluar la respuesta, si el defensor cuenta con una autorización administrativa.
Impacto y reacción
La propuesta de ley de Vox ha generado debate en el ámbito político y jurídico. Sus defensores argumentan que la medida aportaría una mayor protección a los ciudadanos, evitando que sean victimizados nuevamente por el sistema judicial al defenderse de agresiones o allanamientos de su hogar. Por otro lado, los críticos advierten que una relajación en las normas de proporcionalidad podría derivar en abusos y excesos en el uso de la fuerza.
Contexto legal y social
Esta proposición se enmarca en un contexto donde la legítima defensa y la inviolabilidad del domicilio son temas recurrentes en el debate público. La legislación actual busca encontrar un equilibrio entre el derecho a la defensa y la proporcionalidad del medio empleado, para evitar abusos y exceso de fuerza.
La propuesta de Vox para modificar el Código Penal busca establecer una mayor claridad y protección a quienes se defienden en situaciones de agresión ilegítima o allanamiento de morada. El cambio legislativo propuesto enfatiza la defensa del hogar y la seguridad personal, abogando por presumir la racionalidad del medio empleado en estas circunstancias. El debate sobre este tema continuará en el Congreso, marcando un nuevo capítulo en la discusión sobre la legítima defensa en España.
