El Grupo Parlamentario Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley relativa a la aprobación del Estatuto de las personas en formación básica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido como Estatuto del Becario.
La iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para la tramitación, "con carácter urgente", del Estatuto del Becario en la redacción dada por el acuerdo bipartito alcanzado en junio de 2023 entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las organizaciones sindicales.
El texto recuerda que el real decreto de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo instó al Ejecutivo a "abordar el Estatuto del Becario".
Tras catorce meses de negociación en el ámbito del diálogo social tripartito, en junio del 2023 el Ministerio de Trabajo y Economía alcanzaba un acuerdo con las organizaciones sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) sobre el Estatuto del Becario.
Para Sumar, la importancia de la norma estriba, por un lado, en sus potenciales efectos para corregir el recurso "fraudulento" a personas en formación para cubrir puestos de trabajo en las empresas y otras instituciones.
"Esta práctica no solo juega en contra de la generación de empleo en nuestro país y supone un perjuicio patrimonial para las arcas públicas ante el incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social por parte de las empresas, sino que desincentiva la futura incorporación al trabajo de la persona estudiante, cuya experiencia resulta en una prestación de servicios idéntica a la de cualquier trabajador por cuenta ajena, pero sin el reconocimiento de los derechos que le corresponderían como tal", advierte la formación.
La proposición no de ley recoge que, de acuerdo con la última memoria anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social disponible, en 2021 se detectaron 1.038 falsos becarios en las 1.880 actuaciones en esta materia, lo que, a juicio de Sumar, pone de relieve que "estos comportamientos fraudulentos son una práctica extendida".
Además, el Estatuto del Becario reconoce a las personas que realicen estos periodos de prácticas formativas un amplio elenco de derechos, destacando los relativos a la compensación de gastos, al descanso, a los servicios del centro de trabajo ofrecidos a las personas trabajadoras o el derecho a la protección frente a la violencia y el acoso.
"Se trata de una norma fundamental, fruto del diálogo social, que permitirá dotar a las personas estudiantes y a las empresas de un régimen jurídico que proporciona seguridad jurídica y cierra en nuestro país el modelo de empleo-formación, delimitándolo claramente", concluye Sumar.
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