Sumar ha presentado una proposición de ley en el Congreso con el objetivo de regular las relaciones comerciales y económicas en territorios bajo ocupación militar, como Palestina y el Sáhara Occidental. Esta iniciativa busca impedir que las empresas que operan en estas zonas puedan acceder a contratos públicos, recibir subvenciones o participar en convenios con la administración pública.
El objetivo es proteger los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Esta propuesta, impulsada por el socio minoritario del Gobierno, se fundamenta en el reconocimiento del Estado palestino y en la necesidad de garantizar que las empresas no contribuyan a violaciones del Derecho Internacional ni se beneficien de estas situaciones.
La iniciativa se alinea con la reciente solicitud del ministro de Derechos Sociales, quien pidió a empresas españolas con presencia en Israel que informaran sobre las medidas adoptadas para evitar la complicidad con posibles violaciones de derechos humanos en Gaza.
El texto de la proposición de ley menciona a Palestina como un caso paradigmático, haciendo referencia a las resoluciones de Naciones Unidas que instan a Israel a poner fin a la ocupación de territorios palestinos.
El caso del Sáhara Occidental y otros territorios ocupados
La problemática de las actividades comerciales en territorios ocupados se extiende a otros casos como el Sáhara Occidental, Crimea o Chipre. En todos ellos, resoluciones de la ONU y decisiones judiciales han reiterado la importancia de respetar el derecho internacional y la integridad territorial.
En el caso concreto del Sáhara Occidental, la proposición de ley denuncia que España continúa manteniendo relaciones comerciales con empresas que explotan recursos de forma ilegal en este territorio.
Sumar subraya la obligación de España de evitar cualquier tipo de complicidad con violaciones de los Derechos Humanos, un deber que, según la ONU, también se extiende a las empresas transnacionales.
En este sentido, la proposición de ley se apoya en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que establecen la responsabilidad de las empresas de prevenir y mitigar los impactos negativos sobre los derechos humanos en las zonas de conflicto.
Sanciones por contrabando y veto a empresas en el sector público
La proposición de ley plantea medidas concretas para garantizar el cumplimiento del derecho internacional, incluyendo:
- Sanciones para empresas que importen o exporten productos provenientes de territorios ocupados. Se propone ampliar la definición de contrabando para incluir la comercialización de estos productos, con penas de prisión de cinco a diez años.
- Exclusión de empresas con actividades en territorios ocupados de la contratación pública. Se busca impedir que estas empresas puedan acceder a contratos, subvenciones o convenios con la administración pública.
Para determinar qué empresas estarían sujetas a estas medidas, se tendrían en cuenta las resoluciones y listas publicadas por Naciones Unidas que identifiquen a empresas involucradas en actividades comerciales en asentamientos ilegales.
Un paso hacia un comercio más ético
Con esta proposición de ley, Sumar busca promover un modelo de comercio más ético y responsable, que no se beneficie de la ocupación ilegal de territorios ni contribuya a violaciones de los derechos humanos. La iniciativa, además, pretende asegurar que los fondos públicos no se destinen a empresas que operan en estos territorios.
Esta propuesta legislativa abre un debate crucial sobre la responsabilidad empresarial en el contexto de la ocupación militar y la necesidad de coherencia entre la política exterior y las prácticas comerciales. Se espera que la propuesta genere un amplio debate en el Congreso y que pueda contribuir a avanzar hacia una mayor protección de los derechos humanos y el derecho internacional.
