«Hoy es un gran día para Navarra», señaló la presidenta María Chivite a su llegada al Parlamento navarro el pasado mes de marzo cuando anunció la existencia de un preacuerdo para la transferencia total de tráfico y seguridad vial a Navarra por parte del Gobierno central. Una demanda histórica para socialistas y nacionalistas vascos según ellos mismos han afirmado en diferentes ocasiones.
Un acuerdo en el que hay que recordar que es una petición de Bildu y que fue una condición para que la formación independentista apoyará los presupuestos del Estado de este año del Gobierno de Pedro Sánchez.
Este acuerdo entrará en vigor el próximo 1 de julio, una fecha en el que la Policía tendrá que disponer de 150 agentes que puedan realizar estas tareas en Navarra. Para poder llegar a este número Gobierno foral y central facilitarán la posibilidad a los guardias civiles de tráfico, que así lo quieran, puedan incorporarse al cuerpo policial autonómico.
Oficialización del acuerdo
Para oficializar el acuerdo ayer viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el traspaso de competencias a la Comunidad Foral de Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. El Estado se reserva varias funciones y servicios, como la regulación en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
Los servicios que serán competencia de las autoridades navarras serán: la imposición de sanciones administrativas; los exámenes psicofísicos; los cursos de sensibilización y reducción vial; las campañas de formación vial; las instrucciones a los policías locales; las vigilancias en la circulación; el informe de pruebas deportivas y marchas ciclistas; la autorización de eventos de vehículos históricos y las tasas a que dé lugar el ejercicio de las funciones anteriores.
Por el contrario, el Gobierno se reserva la regulación en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, así como la expedición y revisión de los carnets de conducir; el canje de los permisos para conducir mercancías peligrosas; la matriculación y expedición de los permisos de circulación; los permisos temporales para la circulación y los registros de vehículos de las autoescuelas.
Dentro del ‘paquete’ de esta transferencia, el Gobierno también cederá a Navarra siete vehículos y diversos equipos medidores, como alcoholímetros o cinemómetros del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico.
Asimismo, también se traspasan como bienes personales tres puestos de trabajo adscritos a la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra. Todo esto se hará efectivo el citado 1 de julio, salvo en lo referido a la imposición de sanciones administrativas, que tendrá efectividad a partir del 1 de enero de 2025.
Disparidad de opiniones en la oposición
En Navarra Suma, divergencia de opiniones entre los tres socios. Javier Esparza, presidente de UPN ha confirmado que darán su apoyo a esa transferencia aunque lamentan que esta sea “ fruto de un mercadeo del PSOE con Bildu” y hubieran preferido que la Guardia Civil hubiese seguido compartiendo las funciones de tráfico con la Policía Foral. Tanto desde Ciudadanos como PP han mostrado su disconformidad con el traspaso de funciones.
Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que en un principio se mostró contraria a esta cesión y la «considero una traición y humillación hacia el cuerpo», ha decidido no realizar declaraciones políticas y centrar sus actuaciones y peticiones en la búsqueda de soluciones para los agentes afectados y sus familias. Desde esta asociación se insta al Ministerio del Interior ha reconocer la labor realizada por los agentes en la zona y «no actuar con ocultismo» hacía el cuerpo.
