Unidas Podemos ha registrado una enmienda al proyecto de ley por el que se crea la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero en la que pide eliminar las multas previstas para aquellas personas que interpongan reclamaciones de mala fe.
De acuerdo con el redactado actual, pendiente todavía de las enmiendas, cuando se aprecie mala fe en la interposición de una reclamación, la Autoridad podrá imponer una multa siempre de forma motivada y justificando las causas. Estas sanciones a los reclamantes podrían situarse entre 50 y 1.000 euros.
Podemos argumenta en su enmienda para eliminar estas sanciones que la directiva comunitaria sobre resolución de litigios en materia de consumo no prevé sanciones a los consumidores por acceder a los sistemas de resolución, sino solamente a las empresas por no cumplir sus obligaciones de información o resoluciones.
El partido también indica que esta posible sanción «contravendría la gratuidad del procedimiento». Además, el importe máximo previsto, de hasta 1.000 euros, podría tener un efecto disuasorio, en su opinión, lo que contravendría «el principio de efectividad». Además, Podemos argumenta que la ley ya contempla unos supuestos en los que una reclamación puede ser inadmitida a trámite, lo que limitaría posibles abusos.
En paralelo, Unidas Podemos ha presentado otra enmienda por la cual la Autoridad podría sancionar a la empresa reclamada cuando la reclamación estimada se centre en una cuestión sobre la que la Autoridad ya ha establecido criterio. Así, el partido pide que estas sanciones oscilen entre los 5.000 y los 10.000 euros.
Así, el partido argumenta que se pretende «incentivar a las entidades financieras a que sean diligentes en la atención al cliente y no se obligue al cliente a acudir al sistema de reclamaciones para obtener la satisfacción de sus pretensiones en cuestiones que podrían haberse resuelto favorablemente desde el servicio de atención al cliente aplicando los criterios establecidos por la Autoridad». De todas formas, estas dos enmiendas, y las otras casi 250 presentadas, tienen que aprobarse antes de pasar a formar parte del articulado final.
Tras superar su primer examen en el Pleno del Congreso, al rechazarse la enmienda de totalidad presentada por Vox para devolver el proyecto al Gobierno, la nueva Autoridad del Cliente Financiero tiene que pasar primero en fase de ponencia en una reunión a puerta cerrada, para pasar después a comisión y finalmente al Pleno del Congreso. Posteriormente, la norma pasaría al Senado en las mismas fases, y en caso de introducirse enmiendas en la Cámara Alta, retornaría al Congreso para su aprobación definitiva.
