La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha demandado este martes al Ministerio del Interior información y más medidas de seguridad tras abrir una investigación la Audiencia Nacional (AN) por el paquete explosivo remitido a un delegado sindical en Zaragoza y que fue detectado al llevarlo el funcionario al control de la cárcel de Zuera.
El sindicato ha convocado una concentración este martes frente a su sede nacional en Madrid en señal de apoyo al compañero que recibió un paquete sospechoso a su nombre en la sede de CSIF en Zaragoza, llevándolo luego a la prisión de Zuera para pasarlo por el escáner.
«El asunto está siendo investigado por la Audiencia Nacional y confiamos en que la justicia aclare el autor del ataque», ha señalado CSIF en un comunicado en el que especifica que el funcionario «recibió un sobre sospechoso a su nombre en la sede de CSIF en Zaragoza, y decidió llevarlo a la prisión de Zuera, donde al pasarlo por el escáner se detectó que tenía cables en su interior».
Desde la prisión se avisó a los Tedax de la Guardia Civil, que acudieron a la prisión y explosionaron el artefacto sin registrarse heridos. Fuentes de este cuerpo policial consultadas señalan que la sustancia explosiva se está analizando por el Servicio de Criminalística para tratar de dar con el autor del envío del paquete.
CSIF ha demandado al Ministerio de Interior más medidas de protección para los trabajadores de prisiones en una concentración coincidiendo con la reunión de su Consejo Sindical, máximo órgano entre congresos, mostrando su solidaridad con el compañero afectado «que podría haber resultado herido».
El responsable del sector de Prisiones de CSIF, Jorge Vilas, ha denunciado que el Ministerio de Interior «no ha contactado ni de modo particular con el funcionario de prisiones, ni con nuestra organización para explicarnos la situación».
Por este motivo, han solicitado una reunión con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, al que han trasladado la necesidad de mejorar las medidas de seguridad en las prisiones, elaborar un protocolo de actuación y que se dicten las oportunas instrucciones de actuación.
«Los hechos han demostrado, una vez más, que los trabajadores de prisiones no solo sufren agresiones dentro de los centros, sino que también son objetivos de bandas terroristas y del crimen organizado», ha subrayado Vilas.
