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El Constitucional se rebela contra Sánchez y su intento de control

Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo del Presidente Pedro Sánchez apura los plazos para sacar adelante varias leyes relevantes de la legislatura: desde la ley de trata, pasando por la ley trans, la ley de familias o una definitiva reforma de las pensiones.
Pero en medio, se encuentra el que el Gobierno haya decidido no esperar a que el Poder Judicial mueva ficha y ha elegido a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia y Laura Díez, exdirectora general en Moncloa, como miembros del Tribunal Constitucional.
Esto, Pedro Sánchez lo hace después de que las altas esperas acerca del Consejo General del Poder Judicial, donde el Presidente del Gobierno ya sabía de antemano quienes eran las personalidades que se iban a encargar de formar parte. Y ahí, con tanto Campo como Díez, el Tribunal Constitucional valora y sabe que esto no es más que un intento de control por parte del líder socialista.

El Tribunal Constitucional no valora la elección de Pedro Sánchez

En el caso de Campo, este fue el ministro que firmó los indultos a los líderes independentistas catalanes. Tras haber rubricado las medidas de gracia, Sánchez lo cesó y el juez tuvo que volver a la Audiencia Nacional donde tenía plaza de magistrado, tras no haber podido conservar el escaño.

Su designación ha generado malestar dentro del Tribunal Constitucional donde consideran que la elección del perfil de alguien que ha sido ministro recientemente perjudica a la imagen de la institución.

Las críticas no se dirigen a Campo sino más bien al Gobierno por no haber elegido a otro jurista con una trayectoria menos política. Además, dentro del tribunal son varios los magistrados que adelantan que Campo tendrá que apartarse de aquellos asuntos que votó como diputado en los que participó en el Consejo de Ministros.

La decisión llega porque Sánchez no quiere demorarlo más… pero el TC sigue paciente

El motivo de esta decisión de Pedro Sánchez con Campos y Díez, como se viene sabiendo desde hace varios meses, es lo que tiene que ver, directamente, con el Partido Popular. Y es que esta es una crisis institucional provocada por el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ, cuyo mandato caducó hace casi cuatro años, el cual se trasladó también al Tribunal Constitucional, ante la demora de los populares de designar a sus dos magistrados para el tribunal de garantías constitucionales.

En este sentido, y también como algo a valorar, es que el Tribunal es partidario de seguir con esta espera para que el Consejo General del Poder Judicial vote los nombramientos el 22 de diciembre. Así, el único movimiento del TC pasa por comunicar la propuesta del Ejecutivo «a la mayor brevedad posible» al CGPJ, con el fin de que se designen a los dos magistrados que faltan.

Tribunal Constitucional Pedro Sánchez

Con esta decisión, en el máximo tribunal de garantías se mantiene la idea de que la obligada renovación debe hacerse al completo, con los dos magistrados propuestos por el Gobierno y los dos del CGPJ, algo que se verá, finalmente, en el pleno de diciembre.

El Ejecutivo repite su estrategia: uno de los suyos y de total confianza del PSOE

Hacia esto, el Pleno del TC debe hacer un examen de idoneidad para comprobar que los nominados cumplen los requisitos legales para ser magistrado: ser español y juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional, algo que ninguno de los dos candidatos de Pedro Sánchez cumple en ambos casos.

En respuesta, el mismo Pedro Sánchez sí que valora esta decisión, manteniendo, como le presentó a los populares encabezados por Feijóo y Cuca Gamarra, de que es «perfectamente democrático y constitucional» que el Ejecutivo haya propuesto sus nombres para el Constitucional y que defienda su idoneidad.

Con todo, el presidente repite con los nombramientos en el TC, en rigor, la experiencia de nombrar a Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado (FGE) en febrero de 2020 después de cesarla como ministra de Justicia. Es decir: uno de los suyos y de total confianza del PSOE.