El diputado socialista por Guipúzcoa Odón Elorza ha pedido que el Congreso de los Diputados y el Gobierno central rechacen las prácticas de las grandes constructoras sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por cometer «graves fraudes». Para ello, ha presentado una Proposición no de Ley en relación con las prácticas colusorias y restrictivas de la libre competencia entre empresas en el ámbito de las contrataciones públicas, según ha explicado en una rueda de prensa en San Sebastián.
Elorza ha recordado que el pasado 5 de julio la CNMC multó a seis grandes constructoras por fraude en las licitaciones. En concreto, las empresas Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr fueron sancionadas por alterar durante más de 25 años el proceso competitivo en las licitaciones. El diputado socialista ha detallado que actuaron «poniéndose de acuerdo para no respetar las normas y procedimientos que defienden la libre competencia y burlar la ley». Además, hay otros cinco expedientes con importantes sanciones a empresas de otros sectores de actividad.
«Estas actitudes representan una grave infracción a la libre competencia empresarial, al erario público por los sobrecostes que genera y a la necesaria integridad empresarial, además de ser prácticas contrarias a los artículos 38 de la Constitución, 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE», ha subrayado. Así, ha detallado que con esta iniciativa pide, en su primer punto, al Congreso que inste al Gobierno central a «garantizar el valor constitucional de la libre competencia entre empresas, frente a las prácticas colusorias y los cárteles».
En su segundo punto, reclama que haya un rechazo del comportamiento de las empresas sancionadas por la CNMC, en especial las de las grandes constructoras que fueron multadas. Además, ha señalado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «dispone de la capacidad de aplicar la sanción de la prohibición de contratar, mediante las cláusulas de anticorrupción, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público». De esta forma, el Gobierno puede prohibir aquellas empresas multadas por conductas anticompetitivas presentarse a los concursos públicos.
En el tercer y último punto de la Proposición no de Ley, solicita a la Cámara Baja que «refuerce su apoyo a la CNMC, el organismo regulador independiente encargado de preservar, garantizar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva y de una regulación eficiente en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios». Para ello, se ha mostrado convencido de que la Comisión debe «contar con los recursos necesarios para que su función inspectora y sus procedimientos sancionadores sean efectivos y garantistas».
