El pasado sábado, Pedro Sánchez anunció durante un mitin en plena campaña electoral de las elecciones andaluzas que el Consejo de Ministros iba a aprobar una nueva ley para impedir la privatización de la Sanidad pública. De esta manera, no se iba a permitir que algunas comunidades autónomas tomaran decisiones por su parte en perjuicio del sistema sanitario.
El anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el que, entre otros asuntos, se cierra la puerta a nuevos copagos, se evita que se privatice la sanidad pública y se garantiza y la asistencia sanitaria universal.
En concreto, el anteproyecto de ley, «blinda» el Sistema Nacional de Salud (SNS) como un modelo de gestión directa; y modifica varias normas anteriores entre las que se encuentran la ley 14/86, General de Sanidad y la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del SNS.
Del mismo modo, con esta normativa se va a poder garantizar la universalidad del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria, al tiempo que se amplía el derecho a otros colectivos como, por ejemplo, personas de origen española que viven en el exterior durante sus desplazamientos al territorio español y sus familiares.
Este anteproyecto amplía también la excepción del copago ortoprotésico a los colectivos más vulnerables (al igual que ha hecho con los copagos farmacéuticos) como las personas perceptoras del ingreso mínimo vital, pensionistas con rentas más bajas, menores con discapacidad reconocida y a personas de rentas bajas por hijo a cargo. Es esta situación se encuentran unos 6 millones de personas. También recupera la cartera común de servicios única y se cierra la puerta a nuevos copagos.
