La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha presentado este miércoles su demanda de ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que fija un 25% de castellano en la educación catalana, en nombre de 1.643 familias con alumnos en el sistema educativo catalán que han suscrito el texto.
En una rueda de prensa, el presidente de Impulso Ciudadano (IC) y abogado responsable de la demanda, José Domingo, ha afeado la «voluntad incumplidora» que, a su juicio, ha demostrado la Conselleria de Educación de la Generalitat durante los dos meses de plazo antes de que se pudiera pedir dicha ejecución forzosa.
En este sentido, la demanda incorpora declaraciones públicas del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y los consellers de Educación y Cultura, Josep Gonzàlez-Cambray y Natàlia Garriga, en las que manifestaban tras la sentencia que los centros no tenían que modificar sus proyectos lingüísticos: «Han dedicado sus esfuerzos a hacer inviable e imposible la ejecución de la sentencia», ha lamentado.
El texto también argumenta que la respuesta del departamento al TSJC, al terminar el plazo de dos meses, hizo «notorio» que no ha realizado actividad alguna dirigida a cumplir la sentencia –textualmente–.
Concretamente, la Conselleria comunicó al TSJC que PSC, ERC, Junts y Comuns habían acordado una modificación de la ley de Política Lingüística –de la que después Junts se desvinculó–, pero según Domingo esa medida «no dice nada» porque no proviene del Govern sino de grupos parlamentarios.
Asimismo, el letrado ha criticado que la Conselleria haya aportado ante el tribunal que ha iniciado trámites para redactar un decreto que despliegue el régimen lingüístico de los centros, considerando que las «expectativas de decreto» tampoco son un argumento válido.
El letrado también ha opinado que la encuesta encargada a la Universitat de Barcelona (UB) y los datos del Síndic de Greuges sobre los usos lingüísticos, comunicados por la Conselleria al TSJC, no tienen «nada que ver» con el cumplimiento de la sentencia del 25%.
PIDEN INFORMES DE LOS CENTROS
La demanda sugiere que el TSJC de un mes a la Conselleria para cumplir el fallo una vez se acepte su petición de ejecución forzosa, y por tanto se modifiquen los proyectos lingüísticos.
También pide al tribunal que requiera certificados a la Conselleria de Educación con el porcentaje de horas lectivas en castellano y catalán en cada centro educativo, y certificados en la misma línea firmados por todos los directores y visados por la Inspección educativa.
VÍA PENAL
La AEB también ha solicitado al TSJC que, como parte de la ejecución de la sentencia, advierta al conseller de que si se sigue incumpliendo la sentencia incluso tras las peticiones de ejecución forzosa, existen responsabilidades administrativas, económicas o penales para él y los directores de centro.
No obstante, Domingo ha asegurado que su voluntad no es judicializar el proceso: «Nos parecería un fracaso de todos que, al final, la actitud desobediente del conseller o directores hicieran necesario que el tribunal, padres o entidades tuvieran que acudir a la vía judicial por prevaricación, desobediencia o lo que se considere oportuno», ha advertido.
Por último, la presidenta de la AEB, Ana Losada, ha celebrado que se hayan unido más de 1.600 familias a la demanda a través de las carpas informativas que la entidad ha dispuesto en 35 municipios y que, además, se hayan reunido unas 40.000 firmas a favor del 25% de castellano.
