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Podemos busca ensanchar el debate de la guerra a los efectos socioeconómicos y superar la polémica de las armas

Podemos se marca como objetivo en su Consejo Ciudadano estatal ensanchar el debate sobre la guerra de Ucrania a los efectos socioeconómicos del conflicto y, de esta forma, no quede limitado a la cuestión del envío de armas.

En esa voluntad, según han explicado fuentes de la formación morada, se enmarca la propuesta de su líder, Ione Belarra, de proponer un nuevo «escudo social y verde» como horizonte del Gobierno de coalición, con vistas a desplegar más actuaciones de protección a la población ante esta crisis.

Al igual que ha señalado Belarra, la postura de la dirección del partido es que es necesario que exista un espacio de referencia que defienda que no se envíen armas a Ucrania y apostar por las vías diplomáticas, siendo conscientes de que es un tema «difícil» en un contexto «complicado, que tensiona el debate que ha abierto en el seno de la sociedad.

Sin embargo, recalcan que hay un sector importante de la ciudadanía que comparte esta postura, pero la intención es superar el marco «estrecho» que supone esta medida y ampliar la mirada a las otras derivadas, como los efectos económicos para el sector económico y las repercusiones del alza de la factura de la luz en la ciudadanía.

Y en este punto es donde reivindican la presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo, pues su papel precisamente es ser el actor que impulsa nuevas medidas sociales y poner de relieve que es hora de apoyar a la ciudadanía, como perciben en la intervención de Belarra y las medidas planteadas esta tarde por parte, además, de la titular de Derechos Sociales.

La celebración de este órgano se ha producido tras rebajarse el clima de tensión en el seno de la coalición el lunes pasado, cuando Podemos y PSOE acordaron bajar los ánimos tras las críticas a la decisión del presidente del Gobierno de enviar armamento a Ucrania.

El pasado domingo Belarra generó polémica al reprochar durante un acto sobre feminismos la actitud de los «partidos de la guerra», si bien al día siguiente la coportavoz de Podemos, Isa Serra, aclaró que no era una referencia al PSOE, sino contra el «furor belicista» que detectaba en la derecha.

También se recondujo el lunes la división dentro de Unidas Podemos, dado que la la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el titular de Universidades Joan Subirats, habían apoyado a Sánchez mientras que Belarra y la titular de Igualdad, Irene Montero, dijeron que era un error y que no era eficaz.

BELARRA LLAMA A REPERCUTIR EN LAS ELÉCTRICAS EL COSTE DE LA CRISIS

Además, en Podemos reiteran que el PSOE es consciente de que pueden contar con su apoyo en el seno de la coalición y están a su disposición de cara a ampliar la cobertura de protección a amplias capas sociales.

En su intervención ante el máximo órgano de dirección del partido, convocado precisamente para analizar la guerra de Ucrania, la secretaria general de Podemos ha demandado un plan de emergencia energético que incluya un «duro recorte» a los beneficios caídos del cielo de las compañías eléctricas, junto a una ayuda directa a las familias para pagar la factura de la luz y el gas, mediante un «cheque» de 300 euros en un único pago para 19 millones de familias, muy similar al que ya desarrolla Francia.

Según sus cálculos, esta medida costaría alrededor de 5.700 millones de euros y sería «perfectamente viable» para evitar la pérdida de poder adquisitivo y la reducción del consumo de los hogares.

A su vez, ha reivindicado que esa propuesta de pacto se extienda a los derechos sociales con medidas «valientes», cimentadas en los ingresos generados desde una reforma fiscal «ambiciosa», y que despliegue, por ejemplo, una renta de 100 euros por crianza.

También ha reclamado aplicar ayudas pequeñas a las pequeñas y medianas explotaciones del sector primario para que puedan hacer frente al aumento de costes, en especial a las ganaderas que se ven particularmente afectadas dado que importaban piensos desde Ucrania.

De nuevo, ha planteado acometer un recargo del 10% a las grandes empresas energéticas, sumado a ese recorte de sobrerretribución por la actual deriva del mercado, al entender que los efectos de esta crisis «no pueden recaer sobre las espaldas» de las clases populares.

«Las consecuencias se tienen que pagar con los beneficios de las empresas energéticas, que se han aprovechado, más que nunca de los altísimos precios del gas», ha enfatizado.