El viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno Vasco, José Antonio Rodríguez Ranz, ha negado que haya «intención política o trato de favor» en la concesión de terceros grados a presos de ETA.
En una entrevista a Deia, Rodríguez Ranz detalla que la propuesta de terceros grados proviene de las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios, que son las mismas que existían antes de recibir la competencia por parte del Ejecutivo vasco.
Según detalla, se trata siempre de «propuestas individualizadas, preso a preso», y hay un conjunto de criterios, aunque en el caso de los presos de ETA tienen una serie de variables «más específicas», la primera el cumplimiento de por lo menos la mitad de la condena.
«Si hacemos una media de las ocho progresiones de grado (han sido siete de segundo a tercer grado y un cambio de modalidad dentro del tercer grado), la media de cumplimiento es de 20 años, superior a tres cuartas partes de la condena. Segundo, la desvinculación de los fines y medios de la actividad terrorista, que también está cumplido, entre otras cosas porque ya no hay organización ni actividad terrorista. Un tercer conjunto de requisitos son una suma de cuatro elementos: el reconocimiento no solo del delito, sino del dolor de la víctima, una responsabilización, hacer una autocrítica sincera y manifestar una voluntad reparadora», concreta.
Tras recordar que las progresiones de grado son consustanciales al régimen penitenciario de un Estado democrático y de derecho, afirma que desde el traslado de la competencia a Euskadi, la administración penitenciaria vasca ha resuelto 166 progresiones de grado.
«Previamente, había una veintena de presos de ETA en cárceles vascas que ya estaban disfrutando de régimen abierto y libertad condicional. Y ha habido 26 presos de ETA a los cuales en la revisión ordinaria de cada seis meses no se les ha modificado el grado», añade.
Respecto a la respuesta de algunas asociaciones de víctimas, indica que están en su legítimo derecho de pedir a la Audiencia Nacional, si es que hay recursos, que se garantice que las resoluciones están fundadas en la legalidad. «Ahora, cuando se quiere buscar una intencionalidad política o trato de favor, eso no se ajusta a la verdad. Y esperemos que el tiempo lo demuestre», zanja.
