El ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo volverá este lunes a la Audiencia Nacional para declarar como investigado en relación con CENYT, el grupo empresarial con el que habría realizado trabajos privados para distintos clientes valiéndose de los medios policiales a su alcance.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, citó a Villarejo, a su mujer Gemá Alcalá y al hijo mayor del antiguo policía, accediendo así a una serie de diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal.
Esta vez, el magistrado les llama por los presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales que vertebran ‘Tándem’, la macrocausa donde se indaga en los negocios privados del comisario.
La comparecencia se enmarca en la pieza principal, denominada ‘King’, sobre los trabajos que CENYT habría hecho en Guinea Ecuatorial para el empresario Francisco Menéndez, considerado el denunciante de la macrocausa.
No obstante, en esa misma providencia el instructor pidió a la fuerza actuante que informara sobre los avances que hubiera realizado en la identificación de «otros encargos de clientes particulares contratantes de CENYT».
Además, acordó una segunda ampliación de la comisión rogatoria cursada a República Dominicana, ahondando así en el análisis de la operativa económica del enjambre mercantil encabezado por Villarejo.
PRIMER JUICIO
Esta nueva declaración se produce en pleno juicio por las piezas ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’, las primeras que han llegado a vista oral de las más de treinta que componen el puzzle de ‘Tándem’.
Desde que comenzó el juicio, el pasado mes de octubre, las defensas han cuestionado la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar estos tres encargos a CENYT porque no se acusa por delitos propios de este tribunal que sí figuran en otras piezas: organización criminal y blanqueo de dinero.
El fiscal anticorrupción Miguel Serrano defendió durante las cuestiones previas que todas las piezas beben del tronco común de ‘Tándem’, algo que respaldó el tribunal presidido por Ángela Murillo.
Villarejo sostiene que CENYT era en realidad una tapadera para sus trabajos como agente de Inteligencia al servicio del Estado, si bien Serrano apuntó que, aunque así fuera, lo que es «intolerable» es que se lucrara con ello usándola también para sus negocios privados.
Según el inspector de la Unidad de Asuntos Internos que se encargó de seguir el rastro del dinero de CENYT, el grupo empresarial habría cobrado al menos 23 millones de euros a sus clientes que después habría movido entre las distintas sociedades a través de más de 300 cuentas bancarias, algo «inabarcable».
