CCOO ha indicado este martes que la ley reguladora del fondo de pensiones de promoción pública que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros tendrá una «dudosa relevancia», aunque celebra que el Gobierno haya recogido aportaciones efectuadas por las organizaciones sindicales y empresariales, pese a no contar con el acuerdo en la Mesade Diálogo Social.
El sindicato valora que el nuevo proyecto oriente los incentivos fiscales hacia el sistema de empleo, que es el sistema «realmente complementario» de un sistema de pensiones y no depende de la capacidad individual de ahorro de los partícipes, sino de las contribuciones empresariales acordadas en el marco de la negociación colectiva.
«Los sistemas de empleo tienen una serie de principios básicos como el de no discriminación, que garantiza el acceso como partícipe a cualquier persona física que reúna las condiciones de vinculación con elpromotor. Es ese carácter colectivo y no discriminatorio el que hace que sea un sistema preferente al tercer pilar, voluntario e individual», destacó CCOO en un comunicado.
Además, destaca que el instrumento elegido, el fondo de pensiones, es el instrumento que, dentro de las posibilidades existentes en los diferentes vehículos de previsión social complementaria, mayor control y supervisión permite a los representantes de los partícipes y beneficiarios.
No obstante, afirma que en esta cuestión «clave», la norma limita la capacidad de gobernanza con respecto a las posibilidades que ya ofrece el sistema de empleo en la actualidad. Por todo ello, afirma que el fondo de pensiones acaba siendo una opción más para exteriorizar compromisos por pensiones de las empresas con sus trabajadores.
Para CCOO, la principal duda que surge sobre su relevancia práctica es la no resolución del principal problema de la financiación del sistema que se realiza, fundamentalmente, a través de contribuciones empresariales. En este sentido, destaca la «incongruencia» de la Administración como promotor del sector público, al no haber previsión de contribuciones a las personas trabajadoras del sector.
Por último, en cuanto al tratamiento de incentivos anunciado, CCOO no cree que vaya a suponer una diferencia cualitativa con el marco normativo que ha permitido un desarrollo de la previsión social complementaria para un 10% de la población asalariada, en términos reales, y un 20% si se suma a las administraciones públicas.
