El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles dar un plazo de tres meses al Gobierno para que legisle contra la exclusión financiera a las personas mayores. Así se recoge en una enmienda transaccional que modifica el proyecto de ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
El texto de la enmienda, transaccionado por todos los grupos sin Ciudadanos ni Vox, establece que «el Gobierno promoverá, en el plazo de tres meses siguientes a la aprobación desde la entrada en vigor de la ley, las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad que lo demanden, sin discriminación motivada por ‘brecha digital'».
El texto acordado por la Cámara Alta, que modifica el texto remitido por el Congreso de los Diputados, con la inclusión de una decena de enmiendas transaccionadas, tres enmiendas de Compromís y dos del PSOE, deberá volver después a la Cámara Baja para su aprobación definitiva. Aparte de las enmiendas, el resto del proyecto de ley ha sido aprobado con el voto en contra de Ciudadanos y la abstención de PP y Vox.
«Tenemos en cuenta la situación de exclusión financiera que se personalizó en el lamento del pensionista Carlos San Juan, que nos hizo ver que las personas mayores no se sienten bien tratadas», ha apuntado la senadora del PSOE María Esther Carmona, este miércoles en el debate del proyecto de ley en el Pleno del Senado, refiriéndose a la campaña lanzada por este hombre de 78 años en Change.org, bajo el lema ‘Soy mayor, no idiota’.
El PP y Compromís habían presentado diferentes enmiendas para dar una respuesta a la exclusión financiera en la ley. El grupo popular proponía que las entidades bancarias garantizasen la atención presencial, sin discriminación motivada por la «brecha digital»; y Compromís, que se incluyese la «edad» como un factor de vulnerabilidad para dar respuesta a las reivindicaciones de las personas mayores.
El senador de Compromís Carles Mullet ha subrayado la necesidad de «introducir el componente de edad» porque hay «personas mayores que se sienten maltratadas ante algunas empresas como las entidades financieras».
En este sentido, el Pleno del Senado ha aprobado otra propuesta de modificación para que el Gobierno promueva, en coordinación con el Banco de España y entidades de crédito, un plan de medidas contra la exclusión financiera de las personas mayores.
El texto, dice que se deberán promover medidas para «garantizar la atención presencial a las personas de mayor edad y a todos aquellos colectivos para los que el acceso a los servicios financieros a través de las nuevas tecnologías constituya un motivo de exclusión financiera».
En concreto, se establece que el Ejecutivo promoverá un plan de medidas para favorecer la inclusión de las personas vulnerables como: que el cierre de las oficinas bancarias no lleve emparejado el cierre de cajeros automáticos; el incremento del personal de apoyo; la instalación de señales de prioridad en el uso de los cajeros o el desarrollo de tecnologías de acceso a la banca «sencillas».
Igualmente, añade que se impulsarán medidas para acercar los servicios financieros en el mundo rural así como iniciativas, entre las líneas de actuación estratégica de la sociedad estatal Correos y Telégrafos, como la instalación en sus oficinas de cajeros automáticos en pequeños núcleos de población sin este tipo de servicios.
UN AÑO PARA EL ETIQUETADO BRAILLE
A su paso por el Senado, los grupos también han introducido en el proyecto de ley de consumidores vulnerables la generalización del etiquetado de los productos en alfabeto braille, algo que hasta el momento solo es obligatorio para los medicamentos.
En concreto, el Pleno del Senado da un plazo de un año, desde la entrada en vigor de la ley, para «desarrollar reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal».
Al debate en el Senado, este miércoles, han asistido miembros del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la ONCE, que han introducido propuestas al texto a través de los grupos parlamentarios, para que se garantice la accesibilidad a los consumidores con discapacidad.
Por su parte, grupos como Esquerra Republicana, EAJ-PNV o Més Per Mallorca (MÉS) han pedido, durante el debate, que las lenguas cooficiales del Estado también estén presentes en el etiquetado de los productos o que los usuarios puedan decidir en qué lengua firmar un contrato.
PP, CS Y VOX: PROMUEVE LA ‘OKUPACIÓN’
Por otro lado, sobre el resto del proyecto de ley, el grupo popular se ha abstenido. El senador del PP Bienvenido de Arriba ha calificado el proyecto de «insuficiente», al tiempo que la senadora del mismo grupo Paloma Inés Sanz Jerónimo ha reprochado que la ley «ataca el principio de propiedad privada». Frente a esto, ha dicho que España necesita «una ley antiokupa ya, con penas de prisión de 1 a 3 años».
Asimismo, ha propuesto la «desaparición» del Ministerio de Consumo que, a su juicio «sobra» y tiene a la cabeza «un ministro absolutamente inútil y desocupado que se dedica a atacar a todos los sectores productivos, agricultores, ganaderos, al queso, al jamón y al roscón de Reyes».
Por su parte, Ciudadanos ha votado en contra del resto del proyecto de ley, tal y como ya había avanzado el senador Miguel Sánchez López, no porque no esté de acuerdo con el grueso del texto sino porque no se ha suprimido del mismo la disposición final tercera que, a su juicio, «da carta de naturaleza a la ‘okupación’ de segundas viviendas».
Vox, por su parte, se ha abstenido porque considera que el texto no sirve para mejorar la situación de los consumidores y tiene «una intención ideológica muy clara». El senador de la formación José Manuel Marín Gascón también ha coincidido con PP y Ciudadanos en que el proyecto de ley «promueve la ‘okupación’ ilegal de viviendas» y ha exigido, como los ‘populares’ que se suprima el Ministerio de Consumo.
