Quantcast

El policía que investigó a Villarejo dice que su actuación era «diametralmente opuesta» a la de un agente encubierto

Gonzalo Fraga, el inspector de Asuntos Internos que comenzó a investigar a José Manuel Villarejo por ‘Tándem’, ha declarado este lunes en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por tres piezas separadas de esta macrocausa que la actuación del comisario era «diametralmente opuesta» a la de un agente encubierto porque hasta se anunciaba en Internet.

«No es que no sea un agente encubierto, es que la actuación que realiza es diametralmente opuesta a la de un agente encubierto, no tiene siquiera puntos en común», ha dicho Fraga, que comparece como testigo, en respuesta a las preguntas que los fiscales anticorrupción Miguel Serrano y César de Rivas le han formulado en esta nueva sesión del juicio por los trabajos de espionaje que Villarejo habría llevado a cabo en los proyectos ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’ para distintos clientes.

A este respecto, ha explicado, por un lado, que los agentes encubiertos requieren un «control judicial» que no figura que Villarejo tuviera y, por otro, que su grupo empresarial, CENYT, se promocionaba abiertamente en una página web como «una unidad de Inteligencia con estrechas relaciones institucionales y operativas con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la administración de justicia».

En opinión de Fraga, ese era el «valor añadido» que vendía públicamente Villarejo, contactos con las fuerzas de seguridad que le darían acceso a datos de bases policiales, una información «fuera de mercado», porque obtenerla era ilegal, y que le permitía cobrar tarifas mucho más elevadas que las facturadas por otras empresas de investigación privada.

De hecho, ha destacado que en las reuniones con los clientes «desde el minuto uno sobrevuela la condición policial de Villarejo». En ‘Iron’, por ejemplo, ha contado que «juega con la ambigüedad» para acabar acotando que ya no es comisario en activo, pero «permanentemente vende esa mano» que tendría con lo que en las conversaciones grabadas por é mismo llama «el gremio».

Interrogado sobre quiénes, además de Villarejo, sabían cuál sería realmente el negocio de CENYT, el testigo ha apuntado a su socio Rafael Redondo, añadiendo que su mujer, Gema Alcalá, y su hijo mayor, José Manuel Villarejo Gil, tenían un papel «secundario» en el grupo empresarial.

Asimismo ha situado como conocedores de las presuntas ilegalidades a los clientes de Villarejo en ‘Iron’ y ‘Land’ apoyándose en los audios de reuniones donde el comisario y su socio les dicen explícitamente que obtener tráficos de llamadas o información tributaria es «más ilegal que una patata» y «a la gente hay que untarla» para lograrlo. «Lo que no es nada ambiguo es la ilegalidad de la obtención de los datos», ha remachado Fraga.

También ha llamado la atención sobre un audio que obra en ‘Pintor’ donde habla con los clientes de «trincar» a un ex juez con vídeos donde estaría en compañía de prostitutas y consumiendo cocaína. El comisario, según Fraga, llega a decir que por eso «son 4 años de prisión».

Sin embargo, ha subrayado que los informes que Villarejo entregaba físicamente a sus pagadores eran más «descafeinados» que los verbales, al menos en lo relativo a las presuntas ilegalidades, porque en lo tocante a la maquinaria que decía poner en marcha describía «un despliegue humano y técnico que realmente era exagerado».

LABORES POLICIALES PERO «AJENAS» A CENYT

Fraga ha concedido que Villarejo trabajó para la Dirección Adjunta Operativa (DAO), donde estuvo adscrito desde 2011 hasta su jubilación en 2016, con identidades falsas para captar confidentes, si bien ha aclarado que no consta que esa «información de interés policial» que conseguía estuviera relacionada con los proyectos que se juzgan. «Eran encargos que asumía en el marco de sus actividades privadas, no tenía conexión con sus funciones públicas (…), eran ajenas», ha aseverado.

En el caso de ‘Land’, ha puesto de relieve que se trataba de investigar a varias personas por mandato de PROCISA, la promotora de la urbanización de lujo La Finca (Madrid), en el marco de «un conflicto hereditario» en el seno de la familia propietaria, los García Cereceda. «Es decir, interés policial nulo», ha zanjado.

Serrano le ha preguntado en concreto por un informe de compatibilidad elaborado en 2015 que determinó que Villarejo no necesitaba autorización para compaginar su función policial con CENYT porque concluía que dicho entramado societario era para gestionar su patrimonio familiar.

Fraga ha enfatizado que ese supuesto es una excepción legal que, a su entender, no era posible aplicar a Villarejo porque CENYT tenía un objeto social claro, que era de consultoría y análisis de Inteligencia, no de administración de bienes familiares.

Con todo, ha estimado que ese informe, que dice que se elaboró en 2015 en la DAO de Eugenio Pino por el que era entonces su «jefe de Gabinete ‘de facto'», el inspector José Ángel Fuentes Gago, fue un «mecanismo de reacción» porque ya empezaban a publicarse noticias sobre el comisario.

Villarejo, que se enfrenta a 109 años de cárcel, defiende que CENYT era una estructura autorizada por el Estado para que la usara como tapadera de sus trabajos como agente de Inteligencia, a lo que Serrano le contestó en las primeras sesiones que, aunque así fuera, lo «intolerable» es que se lucrara con ello.

Esta cuestión ha salido a relucir en el turno de la acusación popular que ejerce Podemos, donde Fraga ha manifestado que durante las pesquisas encontraron una sola empresa desvinculada de CENYT que sí habría usado para labores policiales. De CENYT, ha afirmado que calculan que en total ingresó unos 23 millones de euros que sirvieron para «engrosar el patrimonio personal y familiar de Villarejo».

PROVEEDORES DE DATOS

El Ministerio Público también ha puesto el foco en las personas que, presuntamente, proporcionaban a Villarejo los datos de bases policiales de acceso restringido.

Fraga ha señalado como «proveedor de CENYT» al entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), el comisario Enrique García Castaño, identificándole «de forma indubitada» con el apodo de ‘Big’ que usaba Villarejo en sus agendas personales y algunos documentos.

Según el inspector, hay «bastantes» indicios que lo acreditan. Así, ha especificado que, en un archivo Excel incautado en los registros a Villarejo, ‘Big’ aparece como conductor de dos coches propiedad de CENYT cuyos seguros tenían como tomador al ex jefe de la UCAO y como usuarias a su mujer e hija; que todas las conversaciones grabadas con García Castaño se llaman ‘Big’; y que en las agendas siempre habla de felicitar a ‘Big’ el 12 de mayo, cumpleaños del citado comisario.

Ha recordado en particular un audio que refleja una charla de 2005 entre Villarejo y García Castaño donde «hablan de estructurar su colaboración» de modo que el ex jefe de la UCAO «se compromete a facilitar información y medios técnicos» a cambio de una supuesta «remuneración».

De acuerdo con Fraga, «García Castaño tiene una fuente de financiación ajena a la nómina» que se plasmaría en ingresos en efectivo en cuentas bancarias suyas, de su mujer y su hija en una media de 3.000 euros mensuales.

Para el testigo, no hay duda de que la información que obtiene Villarejo con datos reservados de bancos, Policía o Hacienda «sale toda de la UCAO, a veces por vía directa de García Castaño, a veces vía (Constancio) Riaño y (Antonio) Bonilla», otros dos policías, el segundo de los cuales dio el salto al sector privado en 2010 y tres años después firmó un contrato de colaboración con CENYT.

«Esta es la manifestación del ‘modus operandi’ de CENYT», ha resumido, para apostillar que «es una perversión del sistema» porque era información que supuestamente obtenían con «abuso» de sus funciones policiales para que Villarejo la comercializara.