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La consejera andaluza investigada anuncia que recurrirá su imputación

La consejera andaluza de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha anunciado este martes que va a recurrir el auto del Juzgado de Instrucción 3 de Almería que la cita como investigada junto a otras 19 personas y cuatro mercantiles y ha trasladado que el cargo por el que la jueza le quiere oír en declaración en abril de 2022 era «institucional» y no ejecutivo.

Crespo, quien ha asegurado no haber recibido «ninguna notificación» de la resolución dictada el pasado día 21 por la que se ordena la práctica de diversas diligencias de prueba, ha subrayado que está «absolutamente tranquila» ante su citación a instancias de la Fiscalía, y que no tiene «nada que esconder» en relación a los hechos que se investigan sobre una posible financiación ilegal del PP de Almería.

«El señor Marín y el señor Moreno están tan tranquilos como está esta consejera, absolutamente tranquilos», ha dicho al ser preguntada en rueda de prensa sobre si el vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos habría pedido su cese y sobre lo que le ha trasladado a raíz de conocerse el auto el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno.

Crespo ha comparecido tras la celebración del Consejo de Gobierno y ha afirmado que ha ejercido todos los cargos públicos de su dilatada trayectoria «conforme a ley» y ha defendido «honestidad y honradez» tanto en su «vida pública como privada».

«Tengo una casa modesta, que he pagado con el sudor de mi frente, y no tenga nada que esconder, por lo que estoy absolutamente tranquila», ha insistido.

Crespo ha apuntado que la Presidencia de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente de Almería la ostentó porque era «rotatoria» entre los ayuntamientos de la comarca, y ha remarcado que era un cargo «institucional» como entonces primera edil de Adra, sin funciones ejecutivas, ya que los convenios se firmaban «únicamente» con la Consejería de Turismo y las obras «las adjudicaban» los entes locales.

Además, según ha concretado, cuando el Ayuntamiento de la Mojonera, gobernado entonces por el ‘popular’ José Cara, adjudicó la obra, una de las que están bajo investigación judicial, no era ya presidenta de la asociación. «Según lo que han publicado los medios de comunicación, la obra se adjudicó en 2012 y yo dejé de ser presidenta en 2011», ha remarcado.

Crespo, quien ha trasladado como «cargo público» su «disponibilidad absoluta» para «colaborar» en la instrucción de la causa conocida como ‘Hispano Almería’ o ‘Términus’, ha apuntado que en el seno de la asociación de promotores había alcaldes «de todo signo político», que los acuerdos se adoptaban «por unanimidad» y que «solo» se firmaba con la Consejería de Turismo.

«Los hechos por lo que se me requiere son muy claros, muy contundentes y yo tengo muy claro que siempre, siempre, siempre, he actuado conforme a la ley», ha trasladado para añadir que «nunca» ha sido alcaldesa de La Mojonera.

En esta línea, ha destacado que la subvención incluida en la causa penal para la construcción de un museo en este municipio contó «con el visto bueno» de la consejería entonces gobernada por el PSOE y ha recordado que, durante su mandato entre 2009 y 2011 de la asociación, «mi amigo, el alcalde de Vícar, el socialista Antonio Bonilla, era el secretario general».

«Lo que quiero hacer llegar es que todo está clarísimo y que estoy muy tranquila sobre este caso y a la total disposición de la justicia y de quien quiera conocer estos hechos con transparencia», ha concluido.