El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado tomar declaración a casi una docena de ex dirigentes etarras, entre ellos ‘Anboto’, ‘Txapote’ e ‘Iñaki de Rentería’, por el asesinato del juez Francisco Querol a causa de la explosión de un coche bomba el 30 de octubre del año 2000 en Madrid, tras admitir una querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia.
En un auto del pasado viernes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 da curso a una querella que busca esclarecer un atentado en el que además de Querol, que era el objetivo, perdieron la vida su conductor, Armando Medina; el policía nacional Jesús Escudero; y un conductor de la EMT llamado Jesús Sánchez. Otras 30 personas resultaron heridas.
En la misma resolución, Pedraz ordena que «se practique la declaración de todos los querellados», esto es, de los integrantes de la ZUBA o Comité Ejecutivo de la banda terrorista en aquella época.
Dignidad y Justicia apunta en su querella al que por entonces era el jefe del Comando Madrid, Gorka Palacios, así como a Ignacio Miguel Gracia, alias ‘Iñaki de Rentería’; Juan Carlos Iglesias, ‘Gadafi’; Javier García, ‘Txapote’; Juan Antonio Olarra, ‘Jokin’; Ainhoa Mugica, ‘Olga’; Asier Oyarzabal, ‘Baltza’; Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’; Vicente Goicoechea, ‘Willy’; Ramón Sagarzazu, ‘Ramontxo’; y María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’.
Además, accediendo a las peticiones de Dignidad y Justicia y con el respaldo del Ministerio Fiscal, el juez instructor ha reclamado tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil que informen, en base a los datos que posean, de «la composición nombre a nombre de toda la estructura de mando de ETA, intermedia y superior de la propia ZUBA o Comité Ejecutivo al momento de los hechos (…), especificando los distintos aparatos en los que cada uno de los querellados se integraba» en ese momento.
Pedraz expresa su «especial interés en los aparatos militar, político y logístico o aparato por medio del cual e independientemente de su denominación se hubiese dado cobertura y soporte efectivo al Comando Madrid posibilitando la presencia clandestina efectiva y su operatividad criminal».
PONE EL FOCO EN EL COMANDO MADRID
En concreto, pretende averiguar quiénes estuvieron implicados en «la consecución y exitosa introducción clandestina hasta Madrid de la gran cantidad de explosivos del coche-bomba que sería detonado el 30 de octubre».
«Ello con adicional ampliación de las concretas funciones del querellado (Gorka) Palacios Alday, como responsable, y de cualquier otro tipo como mando del Comando Madrid sobre el terreno», ha especificado, pidiendo igualmente el listado de «altas y bajas» de este comando entre 1999 y 2000.
También se interesa por conocer el «‘modus operandi’ de los mecanismos internos de dirección de ETA y de toma de decisión en su ZUBA, y en relación a los criterios de suministro de armas y materiales», para determinar cómo se transmitían las órdenes e instrucciones de la cúpula a los comandos y el «funcionamiento logístico» sobre los explosivos.
Asimismo, solicita a la Comisaría General de Información que se examinen los sellos relativos a ETA entregados por Francia «a fin de determinar si existe rastro documental de la reunión orgánica celebrada entre los dirigentes de ETA y los miembros del comando que fue previa al asesinato del magistrado José Francisco de Querol».
