El empresario Florentino Pérez ha vuelto a pedir la imputación de Iberdrola sosteniendo que la decisión de recurrir al comisario jubilado José Manuel Villarejo no fue aislada, sino que formaba parte de una «dinámica continuada» a lo largo de 13 años, de una «política de grupo» que consistía en recurrir a su empresa, Cenyt, «para la realización de trabajos parapoliciales».
En un escrito de 45 páginas, la representación de Pérez asegura que el encargo que la filial de Iberdrola habría hecho a Villarejo con el proyecto ‘Wind’ no fue adoptada por los administradores o directivos de Renovables, sino que tuvo que ser adoptada por la matriz.
A su juicio, existe base jurídica de sobra para imputar a la persona jurídica matriz de un grupo por delitos cometidos por filiales del grupo sobre las que dispone de control absoluto debido a su participación al 100%. «Especialmente en casos como el presente en el que Iberdrola SA es una matriz que controla al 100% su filial Iberdrola Renovables, por lo que ostenta una posición de garante sobre la misma», apunta.
La defensa de Pérez ha incidido en la línea que marcó el pasado mes de julio, cuando presentó un escrito en el que Renovables «únicamente» servía «de correa de transmisión de las decisiones tomadas en la matriz», descartando ya por aquel entonces limitar la responsabilidad penal a la filial.
LA FILIAL «CARECÍA DE AUTONOMÍA DE DECISIÓN»
Así, y para sostener que la decisión de recurrir a Villarejo no podría tomarse con el desconocimiento de la matriz, el escrito pone el foco en «el protagonismo de la Dirección General de Seguridad Corporativa de Iberdrola», especialmente el papel de Antonio Asenjo que, señalan, coordinó «una cuestión tan delicada como el encargo de servicios al comisario» jubilado.
Según el letrado, «estos datos indican que la filial carecía de autonomía de decisión con respecto a la contratación de servicios externos de seguridad». «Ello no le excluye de responder por los presuntos delitos cometidos y que el procedimiento se dirija contra ella, pero supone un caso paradigmático de responsabilidad en cascada hacia arriba; esto es, hacia la persona jurídica matriz del grupo desde la que se tomaban este tipo de decisiones», señala.
Todo ello en contra del argumento esgrimido por el presidente de la compañía eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, que envió un escrito al juez del caso ‘Tándem’ pidiéndole corregir los «errores materiales» en el auto en el que imputó a Iberdrola Renovables. En el mismo, Sánchez Galán decía no haber ocupado «cargo alguno en los órganos de administración de esa empresa».
En esta línea, el máximo responsable de Iberdrola insistía en que no fue en «en ningún momento» presidente de la filial en el lapso temporal donde el propio instructor sitúa la ejecución de ‘Wind’, de 2011 a 2016.
NO CONTABAN CON UN MODELO DE PREVENCIÓN ADECUADO
Sin embargo, la defensa de Pérez recuerda que «en otro conocido caso, como el de Pescanova la matriz Pescanova SA fue condenada por un delito cometido a nivel global de todo el grupo ya que el delito obedecía a una política de grupo dirigida desde la matriz».
Así las cosas, la defensa de Pérez también basa su petición en la falta de prevención por parte de la compañía, que «no ha sido capaz de acreditar que en el momento de los hechos investigados contase con un modelo de prevención penal adecuado y con controles eficaces para la prevención de los delitos investigados». «Dicho modelo empieza necesariamente por disponer de un mapa de riesgos y de controles que ninguna de ambas compañías ha acreditado disponer antes del año 2014», recuerdan.
En este contexto, y después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmase el pasado 12 de noviembre la decisión magistrado instructor de ‘Tándem’, Manuel García-Castellón, de imputar a la persona jurídica de Iberdrola Renovables por un presunto delito de cohecho, Pérez solicita que se considere a la matriz como investigada.
Desde su punto de vista, otorgar esa condición le permitirá «la mejor salvaguarda de sus derechos procesales a la vista de los indicios existentes». Así, y en consecuencia, pide que «se aplique la jurisprudencia» de la propia Audiencia Nacional y que se otorgue a Iberdrola «la doble condición de acusación y defensa».
EL PROYECTO ‘WIND’
El juez instructor concluyó, en base a sus pesquisas, que Iberdrola Renovables contrató a Villarejo a finales de 2011 a través del entonces director de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, para investigar a la empresa suiza Eólica Dobrogea, a su accionista mayoritario Chrisopher Kaap y a su apoderado Corneliu Dica.
Iberdrola Renovables se había aliado con la compañía eólica para desarrollar una serie de proyectos en Rumanía, pero con el tiempo surgieron conflictos que se acabaron resolviendo de forma favorable a la eléctrica española en un procedimiento arbitral.
El juez cree que estos hechos serían imputables a empleados y directivos de Iberdrola Renovables, pero también a la entidad al creer indiciariamente acreditado que el supuesto encargo a Villarejo no se realizó a título individual por parte de los trabajadores de la empresa, «sino que se hizo en nombre o por cuenta de la mercantil Iberdrola Renovables Energía SA y en beneficio de la propia compañía».
El instructor señaló a este respecto que la factura emitida el 14 de febrero de 2012 por Cenyt –buque insignia del grupo empresarial de Villarejo–, por importe de 29.500 euros en concepto de servicio des de apoyo y logística de seguridad a personal en Rumanía, fue pagada por Iberdrola Renovables, «evidenciando con ello que la actuación de los investigados, como personas físicas, se llevó a cabo en todo momento en nombre y por cuenta de la propia compañía».
