El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado el embargo de la cuenta del examigo íntimo de José Luis Moreno, Martin Czehmester, al apreciar un posible delito de alzamiento de bienes después de que los investigadores hayan revelado que trató de vender una casa en Praga, la capital de República Checa.
En un auto fechado este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 señala que el embargo de la cuenta abierta en su país natal llega después de que las autoridades informasen de que Czehmester y YOUMORE TV adquirieron la citada propiedad en agosto de 2020, aunque la compra se hizo efectiva en mayo de 2021. La venta se produjo tan solo unos meses más tarde, en agosto de 2021.
La operación se cerró menos de dos meses del estallido de la ‘operación Titella’, que se saldó con la detención de más de 50 personas. En concreto, el examigo íntimo de Moreno vendió el inmueble a una sociedad que se hizo cargo de la deuda de Czehmester. Éste, por su parte, ingresó un excedente en la cuenta ahora embargada por valor de 4.256.166 coronas, un total de 168.553,50 euros.
El Ministerio Público pidió entonces al magistrado que procediese a embargar su cuenta al entender que los «presuntos delitos» que están siendo investigados podrían generar «un enriquecimiento ilícito». Además, la Fiscalía argumentaba su petición aludiendo a la «necesidad de asegurar las responsabilidades pecuniarias» que pudieran derivarse de su actuación.
Sin embargo, el juez deja para más adelante la decisión sobre si llama a declarar a Czehmester –como le había requerido la Fiscalía–, asegurando que no ha lugar a la «deducción de testimonio» por el presunto delito de alzamiento de bienes o de frustración de la ejecución.
EL PAPEL DE CZEHMESTER
En el sumario, concretamente en un oficio policial de junio de 2021, se recogen extractos de las conversaciones telefónicas intervenidas a personas de la trama y que sirvieron para sustentar las imputaciones. En ese contexto, los investigadores ponen negro sobre blanco el papel del propio Czehmester, quien de acuerdo con la «inteligencia financiera disponible» realizó distintas transferencias a la Republica Checa «de las que se podría estar lucrando».
Ya entonces, los investigadores hacían referencia a la compra de un piso en Praga por el que se habrían pagado alrededor de 700.000 euros a través de una de las empresas de Moreno, YOUMORE TV, y que habría sido «un regalo» del productor a Martin.
Los agentes añaden en ese informe que Martin participaba «directamente» en la fase de blanqueo de los beneficios obtenidos por Moreno y sus empresas a través de su actividad fraudulenta. «En concreto ostenta la titularidad de propiedades inmuebles de alto standing en el extranjero, en concreto en la República Checa, disfruta de viajes de lujo en barcos y aviones privados, tiene el usufructo de vehículos de alta gama de las mejores marcas y recibe dinero en sus cuentas», detallan.
MORENO, LA «TARJETA DE VISITA»
En lo relativo a ‘Titella’, los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los «máximos responsables» y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.
