Compromís y UP insisten en regular la violencia obstétrica

Compromís y Unides Podem insisten en regular la violencia obstétrica a nivel autonómico y mantener la enmienda para incluirla en la ley valenciana de violencia sobre las mujeres, mientras su socio de gobierno (PSPV) aboga por buscar otra fórmula para «no poner en cuestión la sensibilidad de los profesionales» y dejar claro que no es una violencia que ejercen exclusivamente los hombres sobre las mujeres.

Así lo han trasladado representantes de los tres grupos antes del pleno de Les Corts sobre la propuesta conjunta que presentaron a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2022 sobre la violencia obstétrica, las conductas médicas que por acción u omisión atentan contra el cuerpo de las embarazadas.

Esta enmienda, que provocó la dimisión de dos ginecólogas de hospitales valencianos, cuenta con el rechazo de la Conselleria de Sanidad y de colegios y sindicatos profesionales. Ya está registrada, aunque hay tiempo para modificarla o retirarla hasta el debate de ley en comisión a partir del 2 de diciembre.

De Compromís, su diputada Mònica Álvaro ha hecho hincapié en que la propuesta esta presentada y firmada por los tres grupos y que simplemente supone adaptar a la Comunitat algo que ya ha establecido la OMS, que está regulado en otras comunidades como Catalunya y a lo que se ha comprometido el Gobierno.

«Estamos dispuestos a hablar con quien sea, pero insistimos en que la violencia obstétrica se regule para erradicarla», ha recalcado, y ha confiado en que durante este miércoles podrán hacerlo porque «nunca» rechazan abrir debates con sus socios.

En la misma línea, la síndica de UP, Pilar Lima, ha instado al PSPV a que «aclare si realmente quiere apoyar o no» la enmienda y le ha pedido «algún tipo de propuesta» para el encaje legislativo de la violencia obstétrica.

A su juicio, es el momento de reconocer este tipo de violencia a nivel legislativo y esto no significa una «criminalización» de los sanitarios, «igual que cuando decimos que la justicia es patriarcal no estamos criminalizando a los jueces». «Cuando se producen avances en derechos feministas, siempre habrá resistencia», ha subrayado, pero ha insistido en reconocer este tipo de violencia.

PSPV: NO ES UNA VIOLENCIA EXCLUSIVA DE LOS HOMBRES

Como portavoz socialista, Manolo Mata se ha mostrado dispuesto a buscar «una fórmula de encaje» para no herir sensibilidades y dejar claro que «es una violencia que se ejerce esporádicamente» y no es exclusiva de los hombres hacia las mujeres porque es un colectivo profesional feminizado.

Aunque ha abogado por incluirla en la ley nacional del aborto, ha reconocido que podría estar en la normativa autonómica sin que esté en un apartado de violencia de los hombres sobre las mujeres. «Estoy convencidísimo de que todos los ginecólogos y las comadronas no quieren que sufran un daño innecesario», ha enfatizado.

Mata ha sostenido que lo importante es salir a la calle el 25N, luchar contra la violencia machista y abolir la prostitución, y ha reconocido además que «a lo mejor» no deberían haber firmado la enmienda porque se produjo en un momento en el que acordaron «muchísimas cosas» y ya la reformularon «de forma muy ‘light'».

«DEMONIZAR A LOS PROFESIONALES»

Entre la oposición, la síndica del PP, Mª José Catalá ha exigido a los socialistas que la retiran cuanto antes, recordando que «tienen la responsabilidad de la Conselleria de Sanidad», y que los socios que no «enmarañen» la violencia machista y no «demonicen» a los sanitarios que atienden partos.

«Como madre muy reciente, me parece indignante que a estos profesionales en los que en sus manos estamos las madres todos los días, los cuestionemos y elevemos a la categoría de violencia de género lo que simplemente es salvar la vida de un niño y su madre y sobre todo tomar decisiones difíciles», ha abundado la ‘popular’.

También la portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino, ha tachado de aberración y despropósito esta propuesta que «criminaliza a todo el sector y les acusa presuntamente de maltratadores y maltratadores», cuando «malas praxis hay en todas las áreas pero hay mecanismos para regularlos». «A la izquierda se le ha ido de las manos», ha dicho, y ha rechazado la «trifulca interna» del Botànic.

Y desde Vox, Ana Vega considera una «auténtica barbaridad» equiparar la violencia obstétrica con la violencia de género. «Yo soy madre, me hicieron una cesárea y solo tengo palabras de agradecimiento para los sanitarios que me trataron porque lo hicieron con mucho cariño», ha agregado, para subrayar que los sanitarios «están para salvar vidas».

LEY DEL ABORTO

En el pleno de Les Corts también se ha debatido una iniciativa de Compromís para instar al Gobierno a acelerar la reforma de la ley del aborto de 2010 e incluir en ella el reconocimiento de la violencia obstétrica como un tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres, así como mecanismos para erradicarla.

Esta proposición no de ley (PNL), que ha contado con el apoyo del resto del Botànic y el rechazo de la oposición antes de la votación de este jueves, también propone que la Alta Inspección del Estado pueda intervenir cuando todo el personal facultativo de un mismo departamento sanitario se declare objetor de conciencia, con el objetivo de garantizar la asistencia de las mujeres que decidan voluntariamente interrumpir su embarazo.