El Ministerio del Interior ha aconsejado al Congreso poner en marcha algún mecanismo para que, aunque se derogue el sistema de voto de voto rogado, los españoles que residen en el exterior deban confirmar su voluntad de participar en elecciones. También propone eliminarles obstáculos simplificando la documentación que se les envía para poder ejercer su derecho al sufragio.
Estas son algunas de las propuestas que la directora general de la Política Interior del Ministerio, Carmen López García, ha expuesto a los diputados que integran la subcomisión del Congreso encargada de estudiar posibles cambios en la Ley Electoral, que ha retomado en esta legislatura los trabajos para la supresión del voto rogado que se iniciaron en 2017.
Durante su comparecencia, que se celebró a puerta cerrada, López dio cuenta de algunas disfunciones que existen actualmente en el sistema del voto rogado que se exige a los electores en el extranjero relacionadas con la solicitud del voto, la complejidad del procedimiento, los reducidos plazos, la falta de información o la compleja información que se ofrece a ofrece a los electores y la efectividad de la gratuidad del proceso.
Y lo hizo para apuntar que cualquier reforma que no aborde en su conjunto todos estos aspectos está abocada a ser «parcial» y a perpetuar las deficiencias del procedimiento, que no ha hecho más que provocar un desplome de la participación de los emigrados en las elecciones generales y autonómicas desde el año 2011, cuando se implantó el ruego del voto.
QUE SE MANIFIESTEN, AUNQUE SEA UNA VEZ
Sobre la solicitud del voto, la responsable de Política Interior plantea como mejora la posibilidad de que los españoles en el exterior confirmen su interés por ejercer su derecho de sufragio «en algún momento y por una sola vez» teniendo esta manifestación una vigencia «indefinida», como ocurre con los ciudadanos de la UE que quieren votar en España en unas elecciones locales o a la Eurocámara.
Y es que, según ha comentado, en algunos casos estos votantes podrían tener poco o escaso interés en participar en procesos electorales en España. En este punto, ha destacado que con datos de elecciones celebradas antes de la reforma de 2011, la participación de los electores en el extranjero, en términos comparativos con la participación del censo de residentes en España, siempre ha sido más baja –la mayor participación fue en las generales de 2008, con un 31,89%–.
En cuanto a la complejidad del procedimiento, López apuesta por la adopción de medidas de simplificación «ambiciosas» como, por ejemplo, la utilización de una papeleta única que incluya todas las candidaturas y en la que cada elector marque su opción de voto o la utilización de una papeleta en blanco en las que cada elector la escriba.
Con esta segunda propuesta, la directora precisa que se podría adelantar el envío de papeletas sin tener que esperar a la proclamación de las candidaturas, si bien apunta que este sistema podría traer consigo el inconveniente del voto al Senado.
MEJOR ADELANTAR LAS PAPELETAS QUE RETRASAR EL ESCRUTINIO
Es precisamente la obligación de esperar a la proclamación de candidaturas para enviar la documentación a los electores emigrados lo que retrasa notablemente, según López, el procedimiento. Frente a esto, cree que deben buscarse soluciones dirigidas, por un lado, a retrasar el escrutinio o bien adelantar y agilizar la remisión de la documentación a los electores.
La directora de Política Interior alerta de que retrasar el escrutinio (una medida que se ha adoptada ya en comunidades como Canarias y País Vasco) implica retrasar también el resultado definitivo del proceso electoral en su conjunto, por lo que se inclina más por adelantar la remisión de la documentación en tanto que parecen más sencillo de aplicar.
En este punto, destaca de nuevo las bondades de la papeleta en blanco pero añade además la posibilidad del uso de las tecnologías, para lo cual sugiere la utilización de la carpeta ciudadana para enviar a los electores las papeletas con el fin de que puedan imprimirlas.
Ahora bien, en ambos casos reconoce que existen inconvenientes, como es la complejidad del uso de las tecnologías teniendo en cuenta la posible brecha digital para personas no habituadas a su uso y las dificultades de acceso a Internet en el caso de ciertos países, pero también la posible manipulación del material enviado electrónicamente, de la necesidad de que el elector tenga material de papelería así como de aparatos informáticos para hacer efectivo el voto.
LA OPCIÓN DE LA PAPELETA EN BLANCO
A su juicio, una manera de introducir algún elemento de simplificación en el uso de herramientas de este tipo sería la de la descarga de las papeletas en una web –fueran las de todas las candidaturas o la de un modelo único o en blanco–. En todo caso, cree que este envío electrónico debería coexistir a medio plazo con el envío de documentación, ya sea a través de las oficinas consulares o, como se hace en la actualidad, desde la Oficina del Censo Electoral una vez proclamadas las candidaturas.
Con independencia de lo anterior, López cree que una solución que sí podría valorarse es la de que los consulados dispongan de un número limitado de sobres y papeletas para aquellos solicitantes a los que no les ha llegado a tiempo la documentación para votar.
Otras opciones que permitirían simplificar el procedimiento pero que requieren de una reforma más profunda serían por ejemplo el voto electrónico para estos electores y el escrutinio en las oficinas consulares.
Sobre el voto electrónico, López advierte que presenta problemas de seguridad y además no sería una solución universal, como han apuntando ya órganos como la Junta Electoral Central o el Consejo de Estado y ha confirmado el propio Centro Criptológico Nacional, y sobre el voto en consulados, subraya que podría presentar «enormes» dificultades, sobre todo de medios humanos y materiales.
Por último, sobre la gratuidad del procedimiento, López da cuenta de las complicaciones que presenta la devolución del coste asumido por el elector en cada proceso. Para frenar estos casos, propone que sea la Administración más próxima, en este caso, el propio consulado, lo que también requeriría una mejora de recursos materiales y personales.
EL CONGRESO IMPULSA LA LEY DE PSOE Y PODEMOS
López ha sido la primera de las primeras expertas en el voto rogado que desfilará por la citada subcomisión electoral hasta finales de año para ilustrar a los diputados sobre las disfunciones que existen en este sistema y para plantear posibles alternativas.
Tras escuchar a todos los técnicos, la idea es que los grupos parlamentarios comiencen a presentar enmiendas parciales a la proposición de ley que el PSOE y Unidas Podemos registraron el pasado febrero para suprimir este procedimiento y que fue tomada en consideración tan sólo dos semanas después, con el apoyo, entre otros, del PP.
Esta propuesta ha estado ‘congelada’ desde entonces debido a las sucesivas prórrogas de los plazos de presentación de enmiendas parciales, pero tanto el PSOE y Unidas Podemos como el PP están decididos ahora a poner fin a los problemas que el voto rogado viene acarreando desde 2011, cuando se introdujo esta condición en la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG), impulsada por PP y PSOE con el apoyo del PNV y CiU.
