136 menores como candidatos para el Consejo de Participación de la Infancia y la Adolescencia

Un total de 136 niños, niñas y adolescentes han presentado sus candidaturas para formar parte del Consejo de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, un órgano permanente y estable de consulta, representación y de participación de las niñas, niños y adolescentes adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

De las 136 candidaturas presentadas, provenientes de todas las comunidades autónomas, se elegirá a un total de 34 menores de 8 a 17 años que podrán canalizar las preocupaciones y propuestas de la infancia.

Se prevé que este órgano se ponga en marcha el próximo mes de diciembre y, desde la Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia se han mostrado «muy satisfechas» con la respuesta a la convocatoria.

«Una vez recibidas todas estas candidaturas, que han sido 136, se hace una distribución por los diferentes criterios y se analiza con este comité evaluador del Observatorio formado por dos personas de las comunidades autónomas, miembros de dos organizaciones de infancia y miembros de la Dirección General», ha explicado la directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Violeta Assiego.

Según ha precisado Assiego, las candidaturas que presentan los menores deben contar con tres requisitos: «tienen que autorizarles sus padres, madres o tutores; venir avalados por un grupo al que pertenecen (otro consejo de infancia, alguna asociación, club deportivo o escuela de ajedrez) o si pertenecen a algunos de los colectivos especialmente vulnerables a la violencia, como LGTBI».

Además, se pedía a los menores enviar una presentación escrita o audiovisual explicando los motivos por los que quieren formar parte del Consejo de Participación de la Infancia.

En cuanto a la composición del órgano, la Orden por la que se crea este Consejo de Participación, publicada el pasado mes de septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que deberá haber, al menos, el 22% de participación de cada una de las siguientes representaciones: representación territorial; de grupos sociales especialmente vulnerables a la discriminación; y de organizaciones, asociaciones o plataformas que promueven los derechos de la infancia.

REPRESENTANTES DE CCAA Y DE LAS ONG DE INFANCIA

El proceso se está canalizando a través del Observatorio de la Infancia, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de un equipo representativo de sus miembros. Contará con representantes de las CCAA, de la Dirección General de Derechos de la Infancia y de las organizaciones de infancia.

Además, el equipo de dinamizadores, como dice la Orden, es designado por la Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia. A tal efecto, se publicó un contrato menor hace unas semanas para que entidades sociales de infancia especializadas en este tipo de actuaciones pudieran concurrir y se resolverá en las próximas semanas, según informan fuentes gubernamentales.

El objetivo de la creación de este Consejo de Participación, según señalan las mismas fuentes, es poder dar cumplimiento, como Estado, no solo a un mandato de la Ley orgánica de protección a la infancia frente a la violencia, sino también a las Recomendaciones del Comité de los Derechos de Niño para materializar los derechos recogidos en la Convención.

El derecho a ser escuchado está recogido en el artículo 12 la Convención de los Derechos del Niño y representa uno de los cuatro principios rectores de la Convención a tener en cuenta a la hora de interpretar las leyes y respetar todos los demás derechos recogidos en la Convención, tal y como explica la Observación General número 12 del Comité de los Derechos del Niño, junto con el interés superior del menor, el derecho a la no discriminación, y el derecho a la vida y el desarrollo.

En otras CCAA, como Cataluña y Valencia, hay Consejos de Participación de la infancia similares y cuyas experiencias pueden servir de inspiración, así como los procesos participativos que se están llevando a cabo en el Consejo de Europa y la Comisión Europea para la elaboración de sus estrategias de infancia.